Argentina, ante el dilema del fracking

Empujado por la necesidad y a favor de sus amigos, el gobierno avanza hacia la exploración de los hidrocarburos “no convencionales”. ¿Vaca muerta, Monos con navaja o gato encerrado?
fracking

Este 28 de diciembre, día de los inocentes, se estrena en Nueva York y Los Angeles la película Promised Land (Tierra prometida), con Matt Damon y John Krasinski (el joven actor de The Office, una de las más exitosas sitcoms de la TV estadounidense) en los roles protagónicos.
El timing del estreno y difusión de la película, que a partir de enero se exhibirá en miles de salas a lo largo y ancho de Estados Unidos, delata sus pretensiones de Oscar. Y a diferencia de Gasland, un documental que en 2010 ganó un premio en el festival de cine de Sundance pero nunca tuvo distribución masiva, Promised Land apunta a llevar al gran público un tema en el que EE.UU. hizo punta y cuyas empresas buscan ahora exportar a varios países del mundo, incluida la Argentina: la extracción de shale oil y shale gas; esto es, petróleo y gas de esquisto (o pizarra, la roca sedimentaria más abundante del planeta), genéricamente llamados “hidrocarburos no convencionales”.
Damon hace de Steve Butler, un especialista en negociación de contratos que, como adelantado de las petroleras, llega a un pueblo rural de Pennsylvania con el objetivo de convencer a los pobladores de que vendan derechos de perforación de sus tierras a empresas capaces de extraer de ellas riquezas que cambiarán la suerte del lugar.
Usan para eso técnicas de perforación horizontal y fractura hidráulica (hydrofracking o, por brevedad, fracking). Perforan la tierra hasta miles de metros de profundidad, multiplican luego horizontalmente las terminaciones de la perforación y, cual ducha subterránea, envían por allí, a altísima presión, mezclas de hasta 30 millones de litros de agua, decenas de miles de litros de químicos y aditivos y centenares de toneladas de una “arena” especial llamada proppant, para romper (de ahí “fractura hidráulica”) la llamada Roca Madre y extraer, a través de esas grietas y conductos, hidrocarburos atrapados desde tiempos inmemoriales (los yacimientos suelen describirse por edad geológica: devónica, jurásica, cretácica, etc).
En plena crisis de las hipotecas, la de Damon/Butler parece una tarea fácil. Pero un veterano maestro de escuela y el apasionado ambientalista que interpreta Krasinski lideran la oposición de los lugareños en nombre de su ambiente, salud y modo de vida. Más que sumarse a lo que en EE.UU. se conoce como “fracktivism” (militancia contra el fracking), i) la película, dicen Damon y Krasinski, que también escribieron el guión, plantea el dilema de ciudadanos pobres y con escasas perspectivas que deben sopesar el dinero rápido que les ofrecen y la certeza de que su lugar en el mundo será irremediablemente dañado.
En la Argentina, el subsuelo no es propiedad de los particulares, sino de los estados provinciales. Pero, igual, ya hay movidas preventivas contra el fracking, la gran apuesta de la reestatizada YPF para revertir el creciente déficit que generó la política energéti-K. Por caso, el 21 de diciembre el consejo municipal de Cinco Saltos, Río Negro, prohibió la explotación de gas y petróleo no convencionales en el ejido municipal. Cinco Saltos, que sufrió la contaminación de la petroquímica INDUPA, se jacta ahora de ser “el primer municipio latinoamericano” en prohibir el fracking.
Pero, como en Estados Unidos, donde las petroleras suelen enjuiciar (y ganarles) a los municipios con el argumento de que no pueden prohibir lo que la constitución estadual autoriza, los esfuerzos locales difícilmente logren contrarrestar por sí solos una movida que impulsan el gobierno nacional, varios estados provinciales, las petroleras locales e internacionales e YPF, la empresa (de mayoría estatal, por otra parte) más grande del país.
Favorecida por el mandato gubernamental de acotar importaciones energéticas que en 2011 sumaron 9.363 millones de dólares y que en 2012 bordearán los 12.000 millones, la alianza pro-fracking se reflejó en la elección de Miguel Galuccio para presidir la reestatizada YPF. Ingeniero y con posgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Galuccio trabajó en Repsol ii) y alcanzó luego un alto cargo ejecutivo en Schlumberger, la segunda más grande empresa de servicios petroleros del mundo, sólo superada por Halliburton, de gran influencia durante los gobiernos Bush. iii)

Los hermanos sean unidos

Galuccio llegó a Cristina Fernández de Kirchner a través del gobernador entrerriano, Sergio Urribarri y de su hermano, Carlos Galuccio, ex titular y actual vicepresidente primero de la Unión Industrial de Entre Ríos, a la que llegó como socio de Luis Losi Hnos, una constructora. El ahora titular de YPF convenció a Urribarri no sólo del potencial del fracking, sino incluso de que Entre Ríos puede ser una potencia petrolera, gracias a la Cuenca Chaco-Paranaense.
Un artículo de Oilfield Review, una publicación técnica de Schlumberger, del otoño boreal de 2011 (cuando Galuccio era todavía ejecutivo de la compañía), dice que la cuenca Chaco-Paranaense es más extensa de Sudamérica, con un área de 1,3 millones de kilómetros cuadrados que abarca el litoral argentino, casi todo Paraguay y partes de Brasil, Uruguay y Bolivia. El informe dice que si bien la exploración ha sido escasa (150 perforaciones), la cuenta incluye la formación devónica Los Monos, que contiene “varios depósitos” y, en especial, la roca San Alfredo, situada a casi 3.700 metros de profundidad, con una “gruesa y monótona” capa de “riqueza orgánica”, de buena respuesta a “estimulación por fracking” y capaz de aumentar en más del 60 % las “reservas recuperables” de gas de la Argentina.
Urribarri fue el único gobernador que acompañó a Galuccio en el road-show que en septiembre pasado llevó al titular de YPF a Londres y Nueva York, donde acompañó a CFK a la entrevista con Rex Tillerson, CEO de ExxonMobil, la petrolera más grande del mundo iv). En esa misma gira, en una presentación de Galuccio ante el Council of the Americas, un foro fundado por Nelson Rockefeller para velar por los intereses de las empresas de EE.UU. en América Latina, Urribarri compartió mesa con Carlos Bulgheroni, de Panamerican Energy, Tomás Hess, el director de Asuntos Públicos de Exxon en la Argentina, y el ahora también petrolero Eduardo Eurnekian. Hizo buenas migas, al punto que en febrero próximo volverá a la sede neoyorquina del Council, como expositor e invitado especial del programa “gobernadores argentinos”.
Tanto entusiasmo oficial despertó las primeras sospechas y resistencias en la provincia con mayores reservas de agua dulce del país, asentada sobre el acuífero guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. De ahí, por ejemplo, el movimiento por un “Entre Ríos libre de fracking” v). La posibilidad de grandes hallazgos de gas y petróleo en el subsuelo provincial también entusiasma a gobernadores como Gildo Insfrán (Formosa) y Jorge Capitanich (Chaco).
Con todo, la apuesta más segura de recursos no convencionales siguen siendo las formaciones Vaca Muerta y Los Molles, ambas en Neuquén. No es causal que Jorge Sapag, el gobernador neuquino, sea el que más ha viajado a EE.UU. y el más entusiasta del fracking. El informe de Oilfield Review citado más arriba cita como principal evidencia de la riqueza de Vaca Muerta el alto porcentaje de “Carbono Orgánico Total” (COT) de la formación, su baja profundidad (en torno de los 2.500 metros, lo que abarata su explotación) y su altísima presión. Un observador del sector refirió a este cronista que exploraciones más recientes agregaron otro ingrediente favorable: el grosor de la capa principal. Son todas condiciones que brindan la cuasi-certeza de grandes reservas de hidrocarburos. El atractivo de la formación explica tanto la denuncia de Repsol, que el mismo día que el gobierno anunció la expropiación de sus acciones hasta completar la estatización del 51 % de YPF, difundió un documento en el que identifica a Vaca Muerta como “la causa del pillaje” vi), como la decisión de la estadounidense Chevron (la cuarta petrolera del mundo), de firmar un memorándum de entendimiento con YPF para invertir 1.000 millones de dólares y perforar un centenar de pozos en esa formación.

Chevron, Chevron, qué grande sos

Pero, aunque anunciado dos veces, es sólo un acuerdo preliminar. Jorge Lapeña, presidente del Instituto General Mosconi, destaca que comprende apenas 280 kilómetros cuadrados de los 12.000 de Vaca Muerta, no especifica qué tipo de contrato regirá los trabajos, ni el porcentaje de cada socio, ni el cronograma de actividades. De hecho, prevé un período de cuatro meses para negociar esos términos. Pareciera que con el anuncio Chevron (descendiente de la Standard Oil de California, con la que Perón firmó en 1952 los acuerdos petroleros que convirtieron en letra muerta la constitución peronista de 1949, aunque nunca se llevaron a cabo) busca consolidar su ventaja en un área que conoce bien y alinear sus intereses más estrechamente con los del gobierno argentino.
Sucede que recientemente el Juzgado Nacional de Primera Instancia Civil Número 61, a cargo del juez Adrián Elcuj Miranda, embargó por 19.000 millones de dólares a Chevron de Argentina, medida que alcanza el 100 % de sus acciones y dividendos y bloquea el 40 % de las ganancias y de los fondos de las cuentas en entidades financieras argentinas y el 40 % del producido de sus ventas de hidrocarburos. La medida es en respuesta a un exhorto de la Justicia ecuatoriana que busca ejecutar un fallo por contaminación de la Amazonía ecuatoriana por acciones, entre 1964 y 1990, de Texaco, que Chevron adquirió a fines del 2000 en 36.000 millones de dólares.
Chevron asegura que el fallo es producto de la corrupción de la justicia ecuatoriana, como dice haber probado en intentos previos de ejecución del mismo ante la justicia de EE.UU., donde la empresa tiene su sede, y que no afectará sus actividades en la Argentina. Un dato llamativo es que la demanda fue presentada aquí por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un influyente estudio del establishment, encabezado por Enrique Bruchou, hermano de Juan Bruchou, presidente de Citibank Argentina. Allí trabajó Sergio Chodos, el talibán K que actualmente representa al gobierno argentino en el Fondo Monetario Internacional vii.
En Los Molles, otra gran formación shale neuquina, el más activo ha sido Apache, otra petrolera norteamericana, para la que Halliburton realizó la primera operación de fracking en la Argentina. Según Schlumberger, Los Molles es una formación más extensa y “madura” que Vaca Muerta y, aunque más profunda y con menor COT, es muy atractiva. De hecho, dice, Apache encontró en ella “significativas cantidades de gas”.
Las otras promesas del fracking son las cuencas Golfo San Jorge (que incluye las formaciones“D-129”, anunciada por Galuccio pero que Repsol dice haber explorado mucho antes, y Aguada Bandera) y Austral. Ambas, dicen los que saben, tienen rocas gruesas y rendidoras. La Cuyana no tendría, en cambio, recursos no convencionales significativos.

El pliego de condiciones

En suma, las apuestas de recursos no convencionales más grandes están en el norte, y las más seguras y (relativamente) más rápidas en el sur. Lo que lleva a la política de concesiones de los últimos años. El geólogo Gualter Chebbli, quien trabajó durante 25 años en el área de exploración de YPF, que llegó a dirigir, destaca que de un total de 193 adjudicaciones en los años K, 81 fueron a empresas sin experiencia petrolera previa. La sospecha sobre el amigopolio K, más inmobiliario que petrolero, se confirma al observar que de las 31 adjudicaciones en Chubut y Santa Cruz, 27 fueron a “empresarios” como Lázaro Báez, un ex cajero del banco de Santa Cruz.
Esas concesiones se valorizarán si el fracking y el negocio del shale realmente despegan. Pero para invertir en serio los jugadores clave (Chevron, Exxon y Apache, de EE.UU, y las chinas CNOOC y Sinopec) exigen condiciones duras de digerir para un gobierno Nac & Pop, a saber:
-Una ley que ampare la operatoria, brinde cobertura a los contratos y disipe dudas; por caso, sobre el dominio de los recursos.
-Contratos (en forma de concesiones o, en las asociaciones con YPF, acuerdos de producción compartida) de entre 40 y 50 años.
-Libre importación de equipos e insumos, sin restricciones cuantitativas ni trabas administrativas.
-Libre disponibilidad de hidrocarburos y de las divisas que consigan por exportarlos.
-Precio internacional para la parte que vendan en el mercado interno.
-Nuevo régimen laboral, que les permita trabajar en regímenes continuos de 24 horas, posibilidad que vedan las leyes laborales del sector petrolero (la explotación “no convencional” se asemeja más a la megaminería).
-Resguardo ante los reclamos ambientales y territoriales que surgirán (ya surgieron) en respuesta a técnicas que implican uso masivo de agua y químicos, riesgo de contaminación de acuíferos y napas, acumulación de desechos, uso intensivo y probable rotura de caminos e infraestructura local, contaminación paisajística y sonora, desplazamiento de comunidades locales y hasta posibles sismos de baja intensidad.
El gobierno no parece tener muchas opciones. Tras casi diez años de gestión, las reservas de gas natural (fuente primaria de más del 50% de la energía que consume el país) han caído a la mitad y las de petróleo (otro 35% de la torta energética criolla) entre 15 y 18%. En tanto, la balanza comercial del sector, que llegó a aportar un superávit de 6.000 millones de dólares, anotó en 2011 un déficit de más de 3.000 millones y fue una de las causas de la decisión oficial de ponerle “cepo” al dólar.
La decisión no es fácil, pero todas las medidas oficiales apuntan en el mismo sentido, incluida la decisión presidencial de elevar el precio en boca de pozo para el gas “nuevo” a 7,5 dólares el millón de BTU (British Thermal Unit, unidad de medida calórica), casi tres veces el valor previo y más del doble del precio en EE.UU. Además, YPF acaba de aumentar el precio de los combustibles por tercera vez desde su reestatización y acumula una suba anual de 40% viii.
En el mejor de los casos, los beneficios del fracking (un aumento de producción que alivie las importaciones y hasta deje saldos exportables) se notarán de aquí a varios años, mientras que algunos costos (contaminación paisajística y sonora, deterioro de infraestructura) son inmediatos y otros (contaminación de agua, salinización por reflujo del sales y químicos y hasta liberación de elementos radiactivos), aunque acumulativos, también pueden ser inmediatos. Los únicos que ganarán de una serán los advenedizos titulares de concesiones petroleras en áreas del interés de YPF o las grandes multinacionales. El amigopolio K, mencionado más arriba.
En EE.UU., el lobby pro-fracking asegura que la explotación de los recursos no convencionales lejos de destruir, mejora el ambiente, pues el shale gas está desplazando al carbón, mucho más contaminante. De hecho, el porcentaje del carbón en la “dieta” energética de EE.UU. ha caído del 50 al 30 % en cinco años, un logro notable.
Sin embargo, un estudio de la universidad de Cornell, publicado en Climate Change Letters, un Journal con referato científico, estimó que, contra lo que aseguran las empresas y el propio gobierno de EE.UU., en un plazo de 20 años, la extracción de shale gas y shale oil dejará una “huella de carbono” muy superior a la del carbón, porque los elementos asociados a su exploración y uso son más difíciles de “capturar” que el dióxido de carbono, el principal gas de “efecto invernadero”. Anthony Ingraffea, uno de los autores del estudio y activo participante del movimiento antifracking, habla incluso del riesgo de fugas de radón, radium y uranio, todos elementos radiactivos, depositados en las profundidades a las que accede la exploración no convencional.
Más recientemente, otro estudio de Cornell (no casualmente ubicada en Ithaca, upstate New York), de la veterinaria Michelle Bamberger y el profesor de medicina molecular Robert Oswald, publicado también en una publicación con referato, compiló estudios de 24 establecimientos rurales en seis estados sometidos a fracking, en los que se registró la muerte de más de 70 animales por ingestión de aguas contaminadas, el nacimiento de animales con deformaciones (por ejemplo, sin cola) y agudos trastornos reproductivos y gastrointestinales. Se trata de áreas que dieron positivo en contaminación de aire, agua y suelo por exposición a químicos de fracking. Además, dijo Bamberger, algunos de esos químicos podrían aparecer en productos de carne o leche a partir de esos animales.
Aquí, mientras tanto, el pasado 20 de diciembre, la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, de Allen, también en Río Negro, criticó la decisión de la legislatura rionegrina de debatir, en un plazo de 15 días, la aplicación del “plan petrolero” provincial, “sin participación ciudadana”. Y denunció incluso que las agencias provinciales ignoraron las muestras, obtenidas en repositorios de la petrolera Apache en la zona, de elementos de “alta toxicidad para la salud”, como tolueno, benceno, etilbenceno y xileno, conocidos en conjunto por el acrónimo BTEX.
Así, casi sin saberlo, como ocurrió con la masiva transgenización de su agricultura, la Argentina parece embarcarse en otra política de largo aliento y consecuencias, sin estudiarla en serio, apostando a tientas, más por necesidad que conocimiento, a una Vaca Muerta y varios Monos con navaja, pero a riesgo de encontrarse con un monumental gato encerrado.
Plaza de Mayo
Notas:

iVermont fue el primer estado de EE.UU. en prohibir el fracking, pero el conflicto más duro es en Nueva York, que en 2008 impuso una moratoria y gatilló una dura batalla política y legal. Las empresas recurrieron a la Justicia y tuvieron algunos fallos a su favor. Del otro lado, el gobernador Andrew Cuomo (potencial candidato demócrata en las elecciones presidenciales de 2016) está tironeado por el movimiento antifracking. Para las petroleras, el Upstate New York, un área semi-rural que comparte con Pennsylvania la superficie bajo la cual se extiende Marcellus, el yacimiento de hidrocarburos no convencionales más grande de EE.UU., es una tentación irresistible. Los fracktivists temen la contaminación de las napas que proveen de agua potable a New York City y han logrado la adhesión de famosos como Yoko Ono, Sean Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, Lady Gaga, Alec Baldwin, Gwyneth Paltrow, Anne Hahaway, Juliane Moore, Uma Thurman y Hugh Jackmann, entre otros.
ii Dado a reescribir la historia, el gobierno difundió que Galuccio se había ido de YPF en desacuerdo con la llegada y las políticas de Repsol. La verdad salió a la luz cuando el diario español El País exhumó un comercial de TV de 1999 en el que Galuccio luce en el rol estelar, como un orgulloso profesional argentino trabajando en Repsol. El aviso puede verse en: http://www.youtube.com/watch?v=r9fyv5B_a0c
iii Luego de ser ministro de Defensa de George Bush padre y antes de ser vicepresidente en los dos gobiernos de George Bush hijo, Richard “Dick” Cheney fue, durante cinco años, CEO de Halliburton. En ese período la compañía ganó una impresionante serie de contratos en los emiratos del Golfo Pérsico a los que, como jefe del Pentágono, Cheney había ayudado a “liberar” del peligro de Saddam Hussein en la guerra del Golfo (1991). Cheney fue, además, chairman de la Energy Task Force (ETF) creada por Bush Jr. en su segunda semana al frente de la Casa Blanca. La ETF impulsó el desarrollo de los “no convencionales” para aliviar la dependencia de EE.UU. de fuentes de energía externas (uno de los “bushismos” de la campaña electoral del 2000 ocurrió cuando Bush Jr dijo: “cada vez más, nuestras importaciones vienen del exterior”). Una medida clave fue la exención concedida en 2005 a las operaciones de fracking del alcance de la ley de seguridad del agua potable (Safe Drinking Water Act), cuya aplicación está a cargo de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA). Un proyecto introducido en 2011 en el Congreso de EE.UU. para repeler la exención es resistido por el lobby petrolero, que considera a la EPA un enemigo público. El llamado FRAC (por Fracturing Responsibility and Awareness of Chemicals) obligaría a hacer público el listado y las cantidades de químicos, aditivos y componentes de cada operación de fracking. Las petroleras dicen que esa información debe ser voluntaria y acordada con cada Estado. Su preferencia es entendible: la prioridad de las agencias estaduales es que se extraiga la mayor cantidad posible de hidrocarburos y los comisionados viven de los aportes de las petroleras, con las que comparten la animadversión contra la EPA. En Texas, por caso, hay un inspector cada 1.000 pozos perforados y se calcula que en 2010 la Texas Railroad Commission (TRC) dejó sin inspección unas 140.000 de las 260.000 perforaciones petroleras en el estado. La TRC es desde hace más de un siglo el ente texano de control; entonces, los productos del petróleo (el principal, kerosene) se trasladaban por ferrocarril.
iv En 2011 ExxonMobil, surgida de la fusión de Exxon (descendiente de la Standard Oil of New Jersey) y Mobil (de la Standard Oil of New York) facturó 486.000 millones de dólares, cifra superior al PBI argentino. Desde que, el 1 de enero de 2006, el texano Tillerson (apodado T.Rex) asumió como CEO, la compañía registró ganancias por 252.000 millones de dólares y el monto de sus inversiones en un solo ejercicio, 2012, supera la ambiciosa meta del plan quinquenal de la reestatizada YPF. En 2009, ExxonMobil adquirió en 41.000 millones de dólares a XTO, una petrolera especializada en fracking. Pero el propio Tillerson declaró que sus técnicas no están dando resultado en China, que detenta las mayores reservas de recursos no convencionales del mundo y que en los últimos ejercicios, debido a la baja del precio del gas en EE.UU., su empresa está “perdiendo hasta la camisa” en esa área de negocios. La reunión de Cristina Fernández y Galuccio con Tillerson en Nueva York se extendió más de la cuenta y causó que la presidenta llegara más de una hora tarde a su fatídica conferencia en Harvard, aquella en la que atribuyó su fortuna personal a su condición de “abogada exitosa”.
v El blog del movimiento puede consultarse en: http://entrerioslibredefracking.blogspot.com.ar/
viEl documento, presentado por el CEO de Repsol, Antonio Bruffau, puede verse en: https://imagenes.repsol.com/es_en/YPF_Expropiacion_ing_tcm11-621728.pdf
vii Mano derecha de Amado Boudou en la reestatización del sistema previsional (una caja de más de 100.000 millones de pesos y un flujo anual de más de 20.000 millones) y en la creación del “Fondo del Bicentenario” que en 2010 gatilló la eyección de Martín Redrado del Banco Central, Chodos trabajó en sus ratos libres del Estado en el estudio de Bruchou, desde el que asesoró al gobierno bonaerense de Daniel Scioli en la emisión de un bono de 475 millones de dólares. Fue secretario de Finanzas de la ahora condenada Felisa Miceli, luego superintendente de AFJPs (desde donde maquinó su reestatización), director del Banco Central y ahora delegado K en el directorio del FMI. De hábitos excéntricos (tiene una llama de mascota y suele conversar con las plantas), Sergio es hijo del sanjuanino Gregorio Chodos, durante varios años secretario de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). La presencia de San Juan en la CAC es un legado del terremoto de 1944, a raíz del cual se conocieron Perón y Evita y se la “Reconstrucción” de la que surgió el lobby de los planes de vivienda y obra pública. Por casi 70 años, los contratistas sanjuaninos han logrado sostener allí la presencia de sus valedores.
viii El truco de concederles a las empresas Nac&Pop precios muy superiores a los que tenían los operadores privados también se aplicó en Aerolíneas. Desde que fue reestatizada en 2008, la tarifa promedio por kilómetro de la empresa que preside Mariano Recalde aumentó más del 400 % (y en algunos casos, como Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, más del 500%) contra un 67 % que había aumentado entre 2002 y 2008, pese a que la inflación real en ambos períodos (los seis años previos y los cuatro posteriores a la reestatización) fue similar, precisa un trabajo del economista Santiago Urbiztondo. Pese a esos tarifazos, la empresa manejada por el camporismo acumula desde su reestatización pérdidas por casi 3.000 millones de dólares. Peor aún, las pérdidas más importantes se generan en las rutas en las que Aerolíneas compite con otras empresas y las modestas ganancias en algunas pocas rutas en las que no compite con nadie. Esto desmiente el argumento de que Aerolíneas pierde dinero porque “conecta el país” o “vuela rutas que no interesan a las empresas privadas”.