Hace unas semanas, el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, y el representante de Chevron para América Latina y África, Ali Moshiri, firmaron el acuerdo comercial previo a un entendimiento definitivo para la explotación de la formación Vaca Muerta, en Neuquén. Según lo firmado, en una primera etapa Chevron invertirá hasta US$ 1.500 millones en el primer piloto de desarrollo masivo de petróleo no convencional en las áreas Loma La Lata Norte y Loma Campana. De esta manera intentarán impulsar el clúster de shale que YPF ya tiene en marcha, duplicando la perforación de pozos en los próximos doce meses.
De acuerdo al escueto parte de prensa de YPF, el desarrollo completo del primer clúster superará los US$ 15.000 millones de inversión, y el acuerdo definitivo se firmaría en julio, quedando sujeto a “cuestiones regulatorias y las ratificaciones de los respectivos Directorios de ambas compañías”. Asimismo, se incorpora un elemento novedoso: el acuerdo contempla más trabajos conjuntos de exploración y desarrollo de no convencionales tanto en Vaca Muerta como en la formación Cacheuta, provincia de Mendoza. En materia hidrocarburífera, el secreto que rodea a las negociaciones impide conocer en qué términos se están discutiendo dos aspectos fundamentales: el destino del hidrocarburo extraído (autoabastecimiento y/o exportación), y el de la renta que se obtendrá de su industrialización y comercialización (reinversión o giro de utilidades al exterior).
Tampoco está claro cómo repercutirá sobre estos proyectos el embargo que pesa sobre los activos de la petrolera norteamericana en el país, a instancias de un fallo de la justicia ecuatoriana que la obliga a indemnizar con más de US$ 19.000 millones a 30 mil indígenas y campesinos que forman la Asamblea de Afectados por Texaco (compañía adquirida por Chevron en 2000). Por el momento, es difícil saber si el acuerdo avanza a sabiendas de un inminente fallo favorable a los intereses de la transnacional, o si, invirtiendo el orden de los factores, se confía en que el “hecho consumado” y la importancia del mismo para la petrolera argentina terminarán por inclinar la balanza en contra del embargo. La postura de Galuccio es pública. En respuesta a una carta de la Asamblea, fue categórico en su rechazo a la demanda por la afectación sobre las inversiones de la trasnacional norteamericana. Similar posición tuvo recientemente la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al pronunciarse por la desestimación del embargo. En el dictamen dirigido a la Corte Suprema sostuvo -entre otros puntos vinculados al debido proceso- que tal monto y medida “reviste de gravedad institucional” porque Chevron desarrolla una actividad de “interés público”. Al respecto, nos preguntamos si se puede extender tácitamente y enfáticamente el carácter estratégico de una actividad a un actor; si se puede supeditar la potencial inversión en el país frente a un delito. ¿Es que acaso todo vale frente a la defensa del “interés público”?
Año uno de la nueva YPF
Promediando el año de la aprobación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el balance para los sectores populares es ambiguo, desmejorando en el horizonte.
El trimestre transcurrido desde dicha ley hasta su reglamentación con la firma del decreto 1277, en julio de 2012, fue el más auspicioso: declaración del autoabastecimiento de hidrocarburos como de “interés público nacional”, reconociendo su importancia estratégica; recuperación del control de YPF; desarticulación del régimen neoliberal de “libre disponibilidad”, desregulación de precios y privatización; y el establecimiento de nuevas bases para una gestión federal. Se trata de elementos progresivos, por cuanto ponen fin a un régimen absolutamente contrario a los intereses populares, y cristalizan una correlación de fuerzas más favorable y permeable a nuevas reivindicaciones.
No obstante el núcleo de buen sentido de estos principios generales debía convivir, cada vez más contradictoriamente, con la reafirmación de preceptos heredados del régimen neoliberal. En este aspecto, en los meses siguientes la intervención estatal buscó “recomponer” el clima de negocios del sector, tocado luego de la expulsión de Repsol, y así mejorar la relación con las operadoras privadas y los gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos. El aumento del precio interno del gas y combustibles líquidos, y el establecimiento de un nuevo sistema de retenciones tuvieron como objetivo equiparar los niveles de rentabilidad entre el petróleo de exportación y el destinado al mercado local. En rigor, las resoluciones apuntaron a mejorar los ya abultados márgenes de ganancia de las empresas y a estimular nuevas inversiones en exploración y explotación que apuntalen el autoabastecimiento y alivien el gasto por importación de combustibles. Paradójicamente, como fuera regla durante la vigencia del modelo neoliberal, también se buscará generar saldos exportables. Otro hecho no menor y que involucra una transferencia directa de recursos públicos, es la creación del fondo fiduciario por US$ 2.000 millones para la operatoria de la empresa.
Sin lugar a dudas, el dato más preocupante es que la lógica del negocio, con YPF a la cabeza, se dirige hacia la extracción de no convencionales.
Como programaba su Plan Estratégico, durante 2012 los esfuerzos de la empresa estuvieron direccionados a detener la estrepitosa caída en sus números, consecuencia de la gestión de Repsol en los últimos años. En el quinquenio 2013-2017, en tanto, se buscará incrementar la exploración y la extracción de no convencionales y el refino de gasoil y naftas. En este cuadro se enmarca el acuerdo estratégico celebrado con Chevron.
Debemos recordar que en Estados Unidos, el desarrollo y la implementación masiva de la técnica de fractura hidráulica (fracking), pudo lograrse gracias a un fuerte lobby corporativo que eximió a las compañías de la obligación de revelar los tipos de fluidos químicos y las cantidades utilizadas en la estimulación de estos yacimientos. La multiplicación de impactos sobre el ambiente y la salud en el país del norte, generó un estado de alerta y movilización popular que obligó a los gobiernos de Francia y Bulgaria a prohibir el fracking, y a los de Canadá, Irlanda del Norte, Nueva Zelanda y Australia, entre otros, a impugnarlo en sucesivas moratorias.
En ese sentido, en Argentina ya son cinco los municipios que aprobaron ordenanzas de prohibición: Cinco Saltos, en Río Negro; Concepción del Uruguay y Colón, en Entre Ríos; y San Carlos y Tupungato, en Mendoza. Y cada vez son más las asambleas que se originan para resistir la avanzada y las organizaciones que toman esta problemática como propia.
Otro factor a tener en cuenta son los informes y denuncias que emergen de Estados Unidos y Europa por la sobreestimación de reservas y dudas en torno a la productividad y tasas de retorno energético. En definitiva, existe poca claridad en torno a cuánto hay de real y cuánto de especulación en el negocio de los no convencionales.
Más allá de los puntos expresados previamente, a nuestro entender la avanzada de Chevron responde a una política de promoción global de no convencionales encarada por EE.UU., empresas y agencias internacionales, que buscan revertir los efectos negativos del pico de petróleo convencional global, alcanzado en 2005, con el aumento de extracción de reservorios no convencionales y una diversificación de las fuentes, principalmente a partir del gas. De este modo, los no convencionales redibujan el mapa geopolítico de países productores y consumidores; por lo que la explícita vocación de exportación de YPF y los estados nacional y provinciales arroja mayores dudas sobre el destino real de los hidrocarburos extraídos y de las políticas soberanas auguradas con la expropiación a Repsol.
OPSur, 30/05/2013
