Por Carlos Saglul*
-¿Cuál fue la repercusión del Decreto 929 firmado por el gobierno nacional luego del acuerdo con Chevrón?
Después de conocida la firma del Decreto se debatió por los medios locales y el gobernador Sapag dijo que va a elevar a la legislatura el decreto. Sin embargo no sabemos si se discutirá sólo el permiso de la concesión o también los términos del contrato, los que deben ser aprobados por los 2/3 de los diputados. En la actualidad el partido provincial, el MPN, no tiene los dos tercios, pero con los votos del kirchnerismo y negociaciones con Libres del Sur más diputados de la UCR parece poder llegar a lograr los votos necesarios.
Desde que se empezó a saber de la existencia de un posible convenio entre Cheveron e YPF para la explotación de algún área de Vaca Muerta en Neuquén se empezó a discutir la no participación como socio de YPF (la provincia posee el 10% de las acciones) ya que la ley nacional 26197 (llamada ley corta) dice “Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios…” es decir que eramos los convidado de piedra de las decisiones sobre nuestras riquezas. El gobierno aducía que nada se iba a hacer sin el consentimiento provincial, pero la realidad es que se hizo todo sin informar y además se agregó el decreto 929/13 que termina con todas las decisiones locales poniendo en la “Comision de Planificación y Coordinación estratégica” (dirigida por Kiciloff y De Vido)” las decisiones de inversiones y el control, siendo esto totalmente ilegal.
-Además de la falta de participación de la provincia, ¿qué otros inconvenientes acarrea este decreto?
Está la cuestión de las tierras de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. El terreno donde está asentado la nueva concesión es de la comunidad “Lof Campo Maripe” que no es reconocida por la provincia porque nunca empezó a realizar el censo de los pueblos originarios que debían por ley con lo cual tratan de evitar la consulta a la comunidad mapuce negando la preexistencia de los pueblos, aduciendo que los terrenos son fiscales con lo cual las comunidades no se verán afectadas. Esto es un problema gravísimo por los efectos de la contaminación en esas comunidades.
El otro elemento problemático es el medio ambiente. Hace poco tiempo se modificó la Ley de Medio Ambiente Provincial y se eliminó la consulta popular por temas de medio ambiente. Esto no es producto de ninguna coincidencia, estaban ya hace meses armando el marco jurídico para poder ejecutar el proceso de fractura hidráulica, fracking, como método de extracción sin inconvenientes legales.
-Ustedes mencionaban que el decreto es violatorio de la Constitución Provincial, ¿por qué?
La Constitución Provincial en sus artículos 96º y 97º claramente indica que no puede otorgarse ninguna concesión para la explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y gasesos a una empresa privada, ya que el manejo de los recursos debe quedar en manos del Estado. En este convenio se le está entregando a Chevron un recorte de 396 hectáreas, la llamada Área Mosconi, por 12 o 18 meses, luego de los cuales Chevron podrá quedarse hasta el 2048. Es regresar al paradigma de los 90’ con concesiones interminables y beneficios inmensos para un grupo de multinacionales.
-¿Cuáles son los pasos a seguir?
La estrategia nuestra consta de dos pasos. Por un lados vamos a plantear la inconstitucionalidad del acuerdo desde el Bloque Unidad Popular. Por otra parte estamos acompañando a la confederación mapuche en sus actividades (se ocuparon por algunas horas dos torres de petróleo no convencional en Loma de la Lata y acompañamos a la confederación a pedir una reunión con YPF para discutir el saqueo) y estamos convocando a reunirnos a todas las organizaciones sociales y políticas que definimos el “no al fracking”, es decir no al saqueo y la destrucción del medio ambiente (bienes comunes) y no a la reprivatización de YPF .
En Neuquén no son novedad los problemas con la explotación del petróleo y sabemos de las consecuencias que tienen las empresas transnacionales. Con Repsol tuvimos conocidos episodios problemáticos, donde la empresa dejó sin pagar innumerables juicios por contaminación en tierras neuquinas (el gobierno nunca lo condicionó e YPF por continuidad se deberá hacer cargo) y pidió las prórrogas de los yacimientos que disponía, certificó reservas, informó recursos y con esto valorizaba las acciones de la empresa. Además, como ya es de público conocimiento, no realizó las inversiones necesarias exploración y explotación, sólo remitiendo ganancias al exterior.
