por: Maristella Svampa, sociologa y Enrique Viale, abogado ambientalista
Hace más de un año, desde Plataforma 2012 argumentamos que la anunciada “recuperación” de YPF presentaba numerosos problemas, ya que la ley no proponía cambio del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos ni tampoco asistíamos a una verdadera estatización de la empresa. Lamentablemente, el escandaloso acuerdo firmado entre YPF y Chevron refrenda este diagnóstico, confrontándonos con una nueva estafa realizada por el gobierno nacional a la sociedad argentina.
YPF eligió a la empresa que tiene la mayor condena ambiental de la historia, para utilizar el peor método de extracción (el fracking). En Ecuador, Chevron es responsable de la contaminación de 500 mil hectáreas de la Amazonia y de la grave violación de derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, el convenio firmado entre YPF y Chevron tiene carácter de “secreto” y ha sido ocultado incluso a los legisladores de la provincia del Neuquén, que lo aprobarán sin siquiera verlo.
Tamaña prepotencia se consuma no sólo sin llamado a audiencia pública y sin que el acuerdo haya pasado por la comisión de medio ambiente, sino también en el marco de una flagrante violación del Convenio 169 de la OIT, que exige el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Mapuches sobre lo que pueda ocurrir en sus territorios.
Mitos y falacias, pero sobre todo poderosos lobby económicos, buscan legitimar esta vía, sirviéndose de “conocimiento experto”. Uno de ellos es aquel que afirma que no hay posibilidad fáctica ni económica de desarrollar energías alternativas que apunten a la salida de una matriz dependiente de los combustibles fósiles. Y bajo esa supuesta “verdad”se consolida el peor de los caminos, que abreva en una visión “eldoradista”, en la creencia de un “nuevo descubrimiento que nos va a salvar”, en nombre de un futuro de progreso que nunca llega … Es claro que detrás de las energías limpias y renovables no está laespeculación financiera que sí hay detrás de los hidrocarburos no convencionales, negocio que genera réditos millonarios aún antes de comenzar la extracción.
Asimismo, la ganancia está más dispersa y menos concentrada, al contrario de lo que sucede con los grandes monopolios que dominan los hidrocarburos. En cuanto a los costos también hay que desmontar el mito de la imposibilidad económica: a título de ejemplo, el ingeniero en petróleo, Eduardo D´Elia hizo análisis que muestran que con el valor de un pozo de fracking, que tiene una vida útil de 6 años, se pueden poner en funcionamiento seis aerogeneradores, que proveerían de energía eólica por 30 años.
Por otra parte, hay que preguntarse: ¿Energía para qué y para quién?
En nuestro país entre tres megaemprendimientos mineros consumen la energía equivalente a la que otorga Atucha I; una sola empresa como Aluar consume tanto gas como el que importamos de Bolivia; minera La Alumbrera consume más energía que toda la provincia de Catamarca y, por último, la empresa Barrick -en Pascua Lama- dilapidará casi 1000 millones de litros de hidrocarburos durante todo su proceso extractivo.
Así, en vez de pensar una agenda de transición y orientarse hacia las energías limpias y renovables, el gobierno nacional y los responsables provinciales reafirman la dependencia de los combustibles fósiles y se embarcan ciegamente en la explotación de hidrocarburos no convencionales, los cuales presentan mayores costes operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior respecto de otros tipos de energías.
El colmo de la renuncia al pensamiento crítico lo marcó la comisión de desarrollo energético de Carta Abierta que en un comunicado donde ni siquiera se nombra a Chevron, se justifica el acuerdo, invisibilizando la problemática socio-ambiental que encierra esta metodología de extracción y las resistencias populares que hoy se multiplican en todas partes.
En nuestro país, por ejemplo, a la decena de municipios que ya prohíben esta metodología, acaba de sumarse la localidad rionegrina de Allen, donde el fracking pretende avanzar desplazando plantaciones centenarias de peras y manzanas.
En fin, el gobierno nacional, sus socios provinciales y sus voceros manipulan, ocultan y niegan información, minimizan los costos sociales y ambientales apelando a una mirada cortoplacista, yevaden la discusión abierta y responsable de estos temas, los cuales requieren tanto de una visión estratégica y de largo plazo como una verdadera democratización de las decisiones colectivas.
