The New York Times hizo público lo que “no se podía decir” del acuerdo entre la estatal argentina y la petrolera de EEUU
Desde el inicio de las tratativas hasta su aprobación final, a fines de agosto, el acuerdo entre YPF y la estadounidense Chevron para avanzar con la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta ha dado pie a un sinnúmero de controversias y especulaciones. Sucede que desde que se conociera el interés de la firma extranjera por participar en el negocio, el Gobierno ha tratado de mantener en secreto algunos puntos del convenio.
Siguiendo la política de comunicación de la empresa estatal YPF, Dorotea Capurro fue consultada en varias oportunidades por periodistas de Infobae pero ninguno de los llamados tuvo una respuesta positiva.
El hermetismo con el que se manejó el pacto ha sido tal que incluso el mismo gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, llegó a reconocer que nunca tuvo acceso a las cláusulas confidenciales que negociaron ambas petroleras. “Si están tan preocupados por las cláusulas confidenciales, hay que preguntarle a YPF“, disparó el mandatario a principios de septiembre para luego confirmar que, sólo les fueron revelados aquellos puntos que eran de público conocimiento.
Con el correr de las semanas, salieron a la luz dos aspectos controvertidos del pacto y un tercero que, aunque fuera negado por Miguel Galuccio, CEO de YPF, en Neuquén también dan por incluido en lo firmado.
Los dos primeros ítems clave eran:
• La ley aplicable del convenio, en caso de incumplimiento o disputas, no es la de Argentina sino la que rige en la ciudad de Nueva York.
• En caso de existir un desacuerdo o un conflicto entre Chevron y la petrolera nacional, la jurisdicción no serían los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia.
El tercer ítem, que niega Galuccio pero que se confirmó por fuentes cercanas a Sapag y representantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas, es el siguiente: YPF depositará en sucesivas semanas 100 millones de dólares en un banco de los Estados Unidos en concepto de escrow (depósito o garantía) para que Chevron pueda, eventualmente, cobrar de esa cuenta las futuras utilidades del negocio.
Lo que no se contó
Como si estos tres puntos no fueran suficientes, ahora se conoció, a través de la prensa estadounidense, una cláusula que levantará más polémica aún. Agrega que la salida de la compañía no sólo podrá concretarse sin penalización alguna sino que, además, Chevron continuará recibiendo parte de las regalías de aquellos pozos que alcance a poner en marcha antes de emprender su retirada.
“Funcionarios petroleros argentinos dijeron que el acuerdo Chevron-YPF protegerá a la empresa estadounidense de una pérdida pecuniaria ligada a un cambio de los vientos políticos”, publicó el The New York Times, según reprodujo el portal iProfesional.com.
Y agregó: “Si la compañía invierte 1.200 millones de dólares, puede retirarse 18 meses más tarde de las operaciones, sin penalización alguna, y continuará recibiendo los beneficios netos del 50 por ciento de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad“.
Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas su titular, Enrique Viale, sostuvo que los detalles de esta cláusula parten de informantes del mismo editor de The New York Times. “Esto se agrega a lo conocido sobre la jurisdicción de la ley extranjera y el fondo que YPF debería depositar en un banco en el exterior como garantía para Chevron”, aseguró.
“Los detalles del acuerdo son desconocidos incluso hasta para los propios legisladores neuquinos que lo votaron. Nadie pudo ver el convenio. Que no lo muestren es una prueba de que algunos puntos firmados pueden ser insostenibles y entrar en abierta contradicción con el discurso oficial“, expuso.
Firmar sin ver
Mientras algunos detalles van saliendo a la luz, en la provincia de Neuquén se está concretando el despliegue de Chevron de la mano de la estatal YPF. Esto, mientras persiste el desconocimiento de los aspectos más sensibles del pacto firmado.
En ese sentido, fuentes cercanas al Ministerio de Energía provincial reconocieron no estar al tanto de lo publicado por The New York Times y, mucho menos, de las ventajas y garantías de las que podrá valerse la firma norteamericana, en caso de ocurrir cambios en el plano político.
“El marco de la negociación se ha manejado íntegramente en Buenos Aires y a la provincia neuquina sólo le queda acatar lo que decida YPF, que es la que hoy tiene potestad sobre Vaca Muerta”, expresó a este medio un funcionario de esa cartera, en estricto off the record.
“Que Chevron se pueda retirar es algo que el presidente de YPF reconoció en más de una oportunidad. Es decir, no es una sorpresa. Pero el hecho de que la estadounidense sólo aportará tecnología para que la estatal haga la explotación torna grave que se le permita ganar regalías por los pozos que incluso podría dejar“, añadió.
“Probablemente –agregó esta información que ahora llega desde Estados Unidos obligue a hacer algún tipo de aclaración en la Argentina. Tengo dudas de que eso suceda, porque está a la vista que YPF quiere poner en marcha el proyecto como sea, sin detenerse a dar explicaciones”.
Marco desfavorable
Consultado respecto de la aparición de este dato revelador que pone en perspectiva el tipo de acuerdo suscripto, el ex secretario de Energía de la Nación, Alieto Guadagni, sostuvo: “La decisión de no dar detalles estuvo desde el inicio. YPF opera como una empresa privada y su órbita, aunque se pueda discutir más de una vez, es la Bolsa de Nueva York. No me sorprende, así se han dado las cosas en el último tiempo“.
En tanto, desde la consultora especializada Abeceb, el economista Horacio Lazarte señaló que lo que ahora se conoce habla “de las condiciones diferenciales que tuvo que permitir YPF para poder cerrar el acuerdo”.
“Todo esto contradice el discurso oficial de muchos funcionarios sobre promover la soberanía en hidrocarburos. Que se le permitan todas estas cosas a Chevron deja en evidencia lo grave de la falta de financiamiento y la ausencia de acceso al mercado de crédito internacional”, aseguró.
“Chevron goza de oportunidades que el resto de los actores del sector no posee. Puede exportar sin tributar retenciones. Y además tiene libertad para acceder a divisas. Los puntos desconocidos se amparan en que lo firmado es de carácter privado, aunque eso pueda chocar de frente con la ley de soberanía hidrocarburífera”, dijo.
Y añadió: “Otro aspecto curioso es que se terminó pactando con la firma norteamericana, pese a que ha venido declinando su producción local. De las cinco primeras petroleras que operan en el país es la que más disminuyó su potencial. Sin embargo, se ganó el favor del Gobierno y de YPF”.
Galuccio puso la cara
En medio de las fuertes protestas registradas en Neuquén a finales de agosto –y de los embates judiciales para que exhiba la letra chica de lo pactado– Galuccio salió en varias oportunidades a defender el convenio suscripto, señalando la importancia estratégica de sumar a la firma norteamericana.
En una de las últimas ocasiones sostuvo que no puede dar a conocer el convenio en su totalidad porque existen “condiciones de confidencialidad y privacidad destinadas a proteger las inversiones de dos empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York”.
En el último mes y medio, el titular de YPF buscó destacar en todo momento las “bondades” del polémico acuerdo, el mismo que obligó al Gobierno a crear por decreto un nuevo “marco regulatorio de inversiones“, a medida de las dos petroleras.
Justificó la firma del convenio en “la necesidad de buscar soluciones para enfrentar el serio problema que representan las crecientes importaciones de combustibles“. “En Argentina tenemos un déficit energético que es serio“, precisó Galuccio.
Tras recordar que las compras externas treparon en 2012 a u$s9.300 millones, destacó que “los recursos no convencionales representan una oportunidad histórica para dejar de ser importador de energía”. Remarcó que el convenio suscripto refiere a un proyecto para perforar 100 pozos de shale oil, con una inversión inicial de u$s1.240 millones.
En la última semana de agosto, la jueza federal Liliana Heilandle ordenó a YPF que le entregue una copia del contrato. Fue en el marco del juicio iniciado por un grupo minoritario de accionistas de Repsol –la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas–, que reclaman una indemnización por la expropiación de la petrolera.
Los abogados de YPF dijeron que la información requerida es “privada“. Y sostuvieron que incluye “secretos industriales y comerciales“, por lo cual se negaron a entregar dicho convenio.
Respecto de los puntos que sí fueron hechos públicos, se destaca el hecho de que el pacto fija que en los próximos 12 meses Chevron comprometerá un desembolso de u$s1.240 millones.
Una vez que se alcance el nivel de perforación inicial, podrá decidir si se retira o si sigue adelante con el desarrollo de otros 1.500 pozos, que implicarán una inversión conjunta de 15.000 millones de dólares.
