El primero de febrero de 2016 llegaron al jardincito que está frente a la Corte suprema, Buenos Aires, vecinos de Andalgalá (Catamarca), se instalaron en la misma plaza Lavalle, sus carpas y pancartas. Hablamos con Sergio Martínez, uno de los pobladores, quien nos comenta sobre la situación de los reclamos contra las mineras.
Por Lucile Daumas-
L.D. – ¿Podes explicarme un poco por qué estas acá?
S.M. -Estamos acá porque entre vecinos queremos exigir de la Corte de Justicia de la Nación una sentencia que declare la nulidad absoluta del Acto administrativo 0-35/09 que autorizó en Marzo de 2009 la explotación del yacimiento Minera Agua Rica, de propiedad de la empresa Yamana Gold, una canadiense, en Catamarca.
En efecto, el código de minería prevé dos figuras : la Secretaría de minería provincial puede aprobar o rechazar los informes ambientales producidos por las empresas. Pero cuando vieron que el informe producido por la Minera Agua rica era inviable, en vez de rechazarlo, lo aprobaron con condiciones, presentando hasta más de treinta objeciones, caso que no contempla la ley.
Por eso estamos desde 2009 impugnando este Acto. Quedamos sin respuesta durante nueve meses por lo cual decidimos en enero de 2010 presentar un amparo ambiental ante el juzgado de Andalgalá y la Corte provincial. Pero fue rechazado en todas las instancias provinciales el reclamo de los vecinos, argumentando que el amparo no era la vía por la que se tenía que discutir, es decir aplicando un excesivo rigor formal. Eso duró tres años. Entonces fue cuando apelamos en queja ante de la Corte de la Nación en 2012, pero al ver que no teníamos respuesta, se hizo un primer acampe a fines del año 2014y conseguimos que la Procuradora General de la Nación se expida sobre el reclamo quien en su dictamen reconoció que los vecinos de Andalgalá teníamos derecho a vivir en un ambiente sano, pero es solo un dictamen el cual no vinculante pero sí indicativo para nosotros de lo que debe reconocer la Corte de la Nación anulando el acto administrativo que atacamos. Es por esto que hoy estamos acá con un Segundo Acampe por la vida y por una sentencia, ya que cerca de 20.000 habitantes de Andalgalá nos veríamos afectados, pues de ponerse en funcionamiento el proyecto Agua Rica, sería firmar el certificado de muerte de la población de Andalgalá.
L.D.- ¿Puedes explicitar más detalladamente por qué sería sentencia de muerte?
S.M.- No queremos megaminería porque no existe tecnología o modo alguno que permita controlar y evitar la destrucción, contaminación y saqueo de nuestros territorios. No existe forma de controlarla. Al principio les dieron una concesión de 800 hectáreas. Pero ya ha pasado a 16 000. Tenemos el ejemplo de la Alumbrera, que nos dice lo que va a pasar.
El tema del agua es fundamental, tanto en cuanto a cantidad como a calidad. Las minas usan muchísima agua, millones de litros de diarios y además la contaminan (Alumbrera consume mas de 100.000.000 de litros por día).
Hace varios años hubo un plan director de agua de la municipalidad de Andalgalá, promovido y pagado por la minera la Alumbrera, en el cual ya nos decían que no podíamos derrochar el agua regando nuestros jardines y plantas. Ese riego lo consideran como derroche, pero no los millones de litros de agua que usa la Alumbrera. Incluso ese plan prevé una reducción progresiva del uso del agua por persona hasta 2035. Y quieren abrir otra mina.
Estamos en una zona de glaciares y ambientes periglaciares . Los nevados de la Aconquija fueron declarados Santuarios de la Naturaleza en nuestra carta municipal, por eso tampoco lo pueden tocar.
Asimismo, antes de que se instalara la minera ya empezaron a desalentarnos para seguir adelante con nuestras actividades económicas tradicionales, que son pequeña y mediana agricultura (frutales, viñedos, olivos, nogales, alfalfa, cebada, horticultura) ganadería y artesanías, sobre todo de producción alimentaria (dulces, vinos…).
El Consejo local del Instituto Nacional de Tecnología (INTA) en el año 2006 y 2007 reconoció la incompatibilidad de la actividad minera con nuestra actividad agropecuaria. Una de las vías para desalentarnos es por ejemplo la mala administración del sistema de riego y de la distribución del agua.
Por todas las acciones del Estado Nacional, Provincial y Municipal, sabemos que eran –y siguen siendo- conscientes de que éstas llevan a la migración forzada de la población, como ha pasado con la población de VisVis, población que ya no existe y está a 5 km más abajo del Dique de Colas de la Minera la Alumbrera.
Con todo esto, están rompiendo la cohesión social, alterando la paz social, desposeyéndonos de nuestra identidad cultural. Y ni siquiera respetan la participación ciudadana en la toma de decisión, ni el convenio 169 de la OIT que se debe aplicar a los comunidades Diaguita-Calchaquíes, porque sin bien somos una población no indígena, sí existen personas que se reconocen como parte de la comunidad Diaguita Calchaquí.
L.D. – ¿Qué les permitiría conseguir el amparo ambiental?
S.R. – Si se consigue una sentencia favorable seria una herramienta más para defender a nuestra tierra y efectivizar los derechos humanos, de los niños, a nivel de salud, justicia, etc. De hecho está por ahora paralizada la explotación. Y se paró porque en Febrero de 2010 se produjo una pueblada que fue reprimida el 15 de febrero de ese año, por lo que el pueblo se volcó a las calles y venció a la policía en un hecho sin precedentes en la historia de Andalgalá. Entonces el juez de minas, Raúl Guillermo Cerda dictó una medida de suspensión de la actividad minera hasta que se restablezca la paz social. Y la medida sigue vigente porque llevamos 6 años caminando por la vida todos los sábados contra los emprendimientos mineros.
Tenemos una organización permanente vecinal, la Asamblea del Algarrobo, que es un espacio abierto y contra hegemónico.
L.D. – ¿Quieres añadir algo más?
S.R. – Sí, primero quisiera decir que la empresa minera practica mucha corrupción para dividir y acallar a la gente con complicidad de las autoridades. Y tampoco creemos en la responsabilidad social de las empresas que es sinónimo de ausencia del estado y presencia de la corrupción corporativa. Lo que queremos es recuperar nuestros derechos económicos, sociales y culturales.
Decir también que nuestro enfoque no es antropocéntrico. Parte de una visión biocéntrica. Luchamos por la vida, tanto de los humanos como de la naturaleza. Nuestra consigna es “No habrá paz social hasta que se vayan las empresas megamineras.”
Por último denunciamos la existencia de grupos paramilitares o parapoliciales que sitiaron al pueblo de Andalgalá en el año 2012, no permitiendo ingresar a la ciudad de Andalgalá a todas las personas que apoyaban nuestra lucha, incluso una Comisión del Servicio Paz y Justica que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, fue perseguida por más de 50 km para asegurarse de que no ingresaran a nuestra comunidad, hecho por el cual se formalizaron las correspondientes denuncias.
Por eso decimos que sufrimos una violencia institucional nunca vista en nuestro pueblo. Por eso reitero, no habrá Paz Social hasta que no se vayan las mineras.
El dia 2 de febrero, trás un poco más de un mes de acampe, la Corte Suprema dictó su sentencia, haciendo lugar al recurso de los vecinos de Andalgalá, reconociendo la validez de sus argumentos y resolviendo que la Justicia provincial debía responder al amparo de los pobladores de Andalgalá y dictar una nueva sentencia. En la conferencia de prensa que dió fin al acampe el día 4 de marzo, los vecinos de Andalgalá valoraron este importante paso adelante, resultado de este acampe, y subrayaron que les esperaba seguir luchando en Catamarca para conseguir el abandono definitivo del proyecto minero de Agua Rica. Con la solidaridad activa de todos, tanto a nivel nacional como internacional.
