El 16 de julio se cumplen tres años del acuerdo entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta. Luego de movilizaciones, represión, investigación y denuncias judiciales, en los próximos días se podría llegar a conocer de forma completa el documento firmado entre las dos empresas, mantenido en secreto hasta el momento. El conocimiento acabado es crucial por cuestiones de responsabilidad y rendiciones de cuentas en los planos fiscales, ambientales, sociales y culturales, al tener en cuenta que los pozos de fracking se realizan en la comunidad mapuche Campo Maripe. En el largo proceso judicial, YPF ha logrado sortear los numerosos fallos en su contra, incluido el del 2015 de la Corte Suprema, a fuerza de apelaciones y dilaciones. Aunamos porque la semana que viene YPF cumpla de una buena vez con lo que demanda el pueblo. Compartimos la siguiente nota del Diario de Buenos Aires, sobre la orden de la Cámara.
La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la petrolera YPF que cumpla con la entrega de toda la documentación.
Luego de mucho tiempo de evasivas, medidas cautelares y frenos judiciales, la Justicia resolvió exigirle a la petrolera estatal que dé a conocer públicamente las clausulas del acuerdo con Chevron.
De esta manera, los magistrados confirmaron el rechazo a planteos realizados por YPF: ahora deberá cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de noviembre de 2015.
En caso de que no se entregue la documentación, resolvieron que “se libre mandamiento de secuestro y se remita copia de las actuaciones a la Justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia”.
Desde principios de año, el macrismo se negó a dar a conocer el acuerdo pese a haber fustigado al kirchnerismo durante mucho tiempo por lo mismo: la ahora titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, justificó la decisión de no revelar las cláusulas confidenciales del acuerdo entre YPF y Chevron para perforar en el yacimiento de Vaca Muerta.
Desde la firma del acuerdo en 2013, y rubricado bajo la bandera de la “soberanía energética”, organizaciones sociales, políticas y medioambientales han denunciado el hecho de haber realizado un pacto comercial con una de las compañías más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.
Según Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Chevron se habría garantizado “un beneficio neto del 50% de las utilidades a perpetuidad, aún si se retira del país”. Para colmo, la firma del acuerdo lo hicieron dos firmas subsidiarias de las empresas, radicadas en paraísos fiscales: YPF Shell Oil Company y Chevron Overseas Company.
