Las Participaciones Público Privadas (PPP) fueron anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri como la gran respuesta a la infraestructura que demandan las empresas petroleras para avanzar en Vaca Muerta. Pero, ¿quién corre los riesgos? Una mirada al caso Catalán.
Por Martín Álvarez Mullally
A fines de 2016 se sancionó la ley 27328 que reglamentó el mecanismos de Participación Público Privada (PPP) cuyo objetivo fundamental era financiar diferentes obras de infraestructura en Argentina. Una de las obras impulsadas bajo esta modalidad fue el llamado “tren de Vaca Muerta” que traslada las costosas arenas de sílice utilizadas para el fracking. Tras diferentes amagues de licitación y con poco interés del sector privado el tren sigue siendo por ahora solo intenciones. Los esfuerzos para salvar la iniciativa llevaron a proponer una compra por adelantado, por ahora son las empresas vinculadas al estado -YPF y Puerto de Bahía Blanca- las que más toneladas se anotaron. Por su parte, el estado provincial neuquino propuso garantías provenientes de un remanente de regalías. También se incluyó una garantía inicial de Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF). Por ahora en el “todos ponen” de la pirinola de Vaca Muerta se ve más a los estados que a los privados quienes reservaron solo una baja cantidad de toneladas de arenas.
La experiencia española en torno a las PPP permite reconocer innumerables críticas a ese mecanismo. “Estás asociaciones tienen bastantes claroscuros, en un análisis que hemos hecho recientemente encontramos que hay un mayor endeudamiento de la parte pública, un mayor riesgo de la parte pública y todos los beneficios y activos se quedan en la parte privada”, sostiene Alfons Pérez López, miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y de la Red por la Soberanía Energética de Cataluña. El investigador catalán explica que en un contexto de metas fiscales austeras, que a España le impone la Unión Europea, es necesario reducir el gasto público en infraestructura, y por eso se requiere de financiamiento privado vía las PPP. Pero esto no es más que un artilugio contable, porque una vez comenzada las obras, el costo de las mismas sigue recayendo sobre el Estado/el público, por diferentes vías. “A partir de esta asociación lo que se hace es que sea más asequible para la parte pública y que no entren en su contabilidad para no pasar los techos de déficit impuestos para el estado español, en este caso, por el Unión Europea”, indica Pérez López.
El proyecto Castor es un fracaso emblemático que tuvo grandes costos para la ciudadanía catalana y española. Se trató de un depósito geológico de gas ubicados en la costa del mediterráneo entre la Cataluña y Valencia. El desarrollo estuvo a cargo de la empresa ACS, la 4ta empresa de construcción más grande del mundo presidida por Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid. Su presupuesto inicial fue de 500 millones de euros, aunque su costo final superó los 1350 millones. Peréz describe que hubo “una cláusula en el contrato, el artículo 14 decía que esa infraestructura en caso de dolo o negligencia se debía indemnizar a la empresa concesionaria y esa cláusula -abusiva para la parte pública- hizo que ese proceso se traslade a las facturas del gas. Lo que ocurrió es que ese almacén geológico de gas en su primera operación, en la inyección de gas colchón provocó más de 1000 sismos en el territorio de Cataluña”. Desde entonces se frenó el almacén, pero la empresa constructora concesionaria ACS accionó el contrato, renunció a la infraestructura y cobró la indemnización en menos de treinta días, estamos hablando de 1350,7 millones de euros.” El analista recuerda que fue “en un momento en el que el estado español tenía problemas de liquidez, no podía asumir los presupuestos de salud y educación, pero sí indemnizó con una cifra tan grande a la parte privada y esos son parte de los riesgo de las alianza público privadas”.
