Por Martín Álvarez Mullally y Hernán Scandizzo
El artículo primero de la resolución 768 del Ministerio de Seguridad de la Nación, conocida el lunes, considera a la formación Vaca Muerta un objetivo estratégico del Estado Nacional y por ende, a las cuatro provincias por las que ésta se extiende, un espacio militarizable con el despliegue de Gendarmería Nacional (para garantizar “la seguridad de las personas y de los bienes que resultan indispensables para el cumplimiento de este objetivo”).
Con la llegada del fracking, lo que hoy se conoce como región Vaca Muerta se convirtió en un territorio de conflictos permanentes en los que intervienen diferentes actores. Por la dinámica que tiene la explotación de yacimientos no convencionales, las empresas contratan miles de obreras/os y poco después los despiden o suspenden, sea porque finalizó una gran obra, cayó el precio del crudo o bajaron los subsidios que el Estado le da a las empresas. En ese escenario tanto las formas de demandar trabajo como de defenderlo es a través de cortes de ruta. Lo mismo hacen las/os pobladores de ciudades como Añelo, en la precaria capital nacional del shale tras la muerte de peatón cortaron la ruta cuatro veces en dos meses en reclamo obras de seguridad vial. También las paralizaciones de yacimientos llevadas adelante por comunidades mapuche que demandan el reconocimiento de derechos; o los conflictos sectoriales que se trasladan a los pozos, como es el caso de empleadas/os estatales y productores de Río Negro, que bloquearon el acceso a locaciones. La región Vaca Muerta es un conflicto permanente, sí, y demanda respuestas políticas, no represivas. No hay un escenario de desborde, sino un incremento de los costos operativos de las empresas por las pérdidas que significan cada día de conflicto.
“Es evidente, que esto tiene que ver con los despidos y suspensiones que se esperan en Vaca Muerta por la crisis financiera que ya está instalada y que se viene, con el congelamiento del precio del petróleo”, sostuvo Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y especialista en temas de seguridad, consultado por el OPSur. “Empezar a mandar las fuerzas federales en cualquier caso de conflicto… Ya conocemos qué es lo que va a suceder”. No hace falta forzar la memoria, no es difícil imaginar qué es lo que puede suceder, con tanto recuerdo fresco y que reclama justicia, como la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional contra el Pu Lof Cushamen, en Chubut; y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, a manos de Prefectura Naval, en el Lof Lafken Winkul Mapu, en Río Negro.
“La intervención de Gendarmería en territorios provinciales, para causas que no son federales, ocurrieron mucho durante el gobierno de los Kirchner, de 2010 en adelante, con el Programa Cinturón Sur; pero en todos esos casos había un acuerdo con las provincias, si no existe ese acuerdo con las provincias, no se puede”, subrayó Binder. “Aquí lo anómalo es que la extensión de la jurisdicción no es territorial, sino hacia delitos que no son, en principio, federales. La ampliación hacia delitos que no son federales no puede ser un acto unilateral, ni siquiera del Presidente de la Nación, porque es una forma de intervención federal. Eso sería notoriamente inconstitucional”, concluyó.
La resolución ministerial es rechazada tanto por el gobierno del Neuquén como por un amplio espectro político de la provincia. El vicegobernador Rolando Figueroa señaló que la medida “incorpora innecesariamente tensión en una zona pacífica”. “No solo no consulta a nuestro Gobierno provincial sino que no explica claramente, los verdaderos motivos por los cuales decide enviar gendarmes a Vaca Muerta”, sostuvo el funcionario (Noticias Neuquén, 17/09/2019). “Necesitamos que el Gobierno nacional se ocupe de generar condiciones para el crecimiento del país, para que haya trabajo y para que Vaca Muerta siga generando energía y riqueza; no queremos que Nación sume problemas como ya lo hizo con el congelamiento del precio del crudo y ahora con la intención de custodiar la zona de producción con Gendarmería”, expresó Figueroa. En tanto el Fiscal de Estado de la provincia, Raúl Gaitán, en declaraciones Radio UNCo Calf aseguró que “parece una resolución extraordinaria en una situación normal”, y subrayó: “no hay ningún conflicto que motive el análisis de una situación extraordinaria”.
“Acá no tenemos ataques terroristas que ameriten una suerte de estado de alarma semejante”, sostuvo Guillermo Pereyra, secretario del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa y senador nacional del Movimiento Popular Neuquino, y agregó que “si hubiera alguna información sensible que justificara la medida invasiva, debería hacerse pública o al menos debería haberse compartido con las fuerzas de seguridad locales o en el Consejo de Seguridad, que han dado sobradas muestras de capacidad operativa” (Río Negro, 17/09/2019).
El diputado Raúl Godoy (Partido de los Trabajadores Socialistas – FIT), por su parte, presentó un proyecto para instar al Gobierno Nacional a dejar sin efecto la resolución. “El único objetivo es proteger los intereses de las petroleras, hostigar al pueblo mapuche y avasallar los derechos”, advirtió el legislador (Noticias Neuquén, 18/09/2019). En tanto el lonko Jorge Nahuel, de la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche Neuquina, sostuvo que “no se entiende cómo un gobierno que se está retirando puede tomar semejante medida que vuelve a poner en tensión todo lo que se está buscando construir en Vaca Muerta, que es el reconocimiento de derechos de las comunidades mapuches” (Río Negro, 17/09/2019).
La resolución 768 es una medida tan de campaña electoral como grave. Puede ser un bluff, como tanta otra medida que no pasa de ser un anuncio, pero consolida la identidad de derecha de Cambiemos, en particular de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además reafirma la identidad represiva que, en otras ocasiones, medidas o declaraciones del mismo tenor fueron seguidas de casos de gatillo fácil y represiones violentas. También expresa el alineamiento con el gobierno de Donald Trump, que en EE.UU. elevó la seguridad en todos los lugares estratégicos de explotación hidrocarburífera a partir de los recientes ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Alineamiento o ventana de oportunidad electoral, la resolución del Ministerio de Seguridad escala un peldaño en los intentos de militarizar Vaca Muerta.
En marzo de 2018 el gobierno nacional anunció la intención de trasladar a la localidad neuquina de Plottier el Destacamento Móvil 4 de Gendarmería, con asiento en La Pampa, para garantizar un rápido desplazamiento ante un eventual conflicto, especialmente en la zona petrolera de Neuquén y el área cordillerana de Río Negro. En aquella oportunidad, según declaraciones del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco (Río Negro, 13/03/2018), 800 gendarmes serían trasladados a la Patagonia con destacamentos de 400 efectivos en las provincias de Neuquén y Chubut.
Ante el anuncio, legisladores neuquinos de los bloques Frente Para la Victoria, Frente Neuquino, Adelante Neuquén y Frente Grande impulsaron un pedido de informes al Ministerio de Seguridad. Solicitaban que se detallaran “las misiones, funciones e integrantes del Comando Unificado Patagónico; organismo que solicitó la intervención de Gendarmería Nacional en la provincia y motivos de la misma, procedimiento dispuesto para su estadía y fecha de finalización e informes de inteligencia interior que motivan esta acción de traslado”. Los diputados calificaron de “peligroso el exceso de las fuerzas de seguridad” ante la política de criminalización de la protesta social y represión por parte del Gobierno Nacional. Finalmente La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento de la Legislatura resolvió no darle curso.
Otros antecedentes de intervención de Gendarmería en Vaca Muerta se remontan a 2017. En abril de ese año los trabajadores despedidos de la empresa de servicios OPS iniciaron una serie de protestas y bloqueos a yacimientos en Rincón de los Sauces –entre otros El Orejano y Trapial, operados por YPF y Chevron, respectivamente– en reclamo de su reincorporación. En ese marco fueron desplegadas fuerzas de Gendarmería, lo que incrementó la tensión. Un posible desenlace violento fue desactivado por la intervención directa del gobernador neuquino Omar Gutiérrez y del senador nacional y secretario general de petroleros privados, Guillermo Pereyra (Río Negro, 01/05/2017).
Al mes siguiente, las operadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos presentaron a la protesta mapuche como el principal obstáculo para garantizar la paz social y avalaron el pedido de YPF de dar intervención a Gendarmería Nacional para permitir el “normal desarrollo” de las actividades en el área Loma Campana, operada por la empresa de bandera en sociedad con Chevron (La Mañana Neuquén, 17/06/2017). Gendarmería ingresó a la comunidad Campo Maripe sin orden judicial, invocando la figura de flagrancia: el accionar mapuche ponía en riesgo el abastecimiento energético del país. Por esa intervención en septiembre de 2017 la Cámara Federal de Apelaciones de Gral. Roca cuestionó firmemente el accionar de la fuerza de seguridad y le ordenó que se abstenga de intervenir dentro del territorio comunitario sin orden judicial. Al expresar su voto un integrante de la Cámara sostuvo que en ese operativo se “sacrificaron libertades individuales en aras de resguardar un interés económico corporativo” y que la actividad desplegada por Gendarmería “obedeció a un propósito subalterno (la solicitud de YPF) y la orden para satisfacerlo fue dada verbalmente, lo que elimina toda legalidad” (Río Negro, 27/09/2018).
