En plena crisis social, sanitaria, económica y ecológica que resulta de la pandemia y de la crisis climática, gobiernos de diversos países de la región, junto a empresas petroleras y especializadas en exploración sísmica, avanzaron ostensiblemente la frontera de las energías extremas mar adentro. No hubo pausa en la agenda de compañías como Shell, Equinor, Qatar Petroleum, BP, Exxon, entre varias otras; no se detuvieron ni con la crisis de precios de inicios de año ni con la COVID-19.
Foto: Karen de la Torre
Por Víctor Quilaqueo / OPSur .- En enero y febrero, antes del comienzo de las políticas de aislamiento social generalizado en la región, en Honduras y Colombia empresas como Caribx y Shell anunciaron el avance hacia cuencas sedimentarias en el Mar Caribe. Más tarde, en plena pandemia, en Perú y Argentina, Tullow y Equinor respectivamente, firmaban contratos con las compañías de bandera Perupetro e YPF para exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de cada país. En Brasil, en tanto, el acelerado incremento de casos de trabajadores con coronavirus en las plataformas petroleras costa afuera llevó a parálisis parciales de las actividades, así como también a realizar llamados por la seguridad de la vida de los trabajadores del sector.
En términos globales, los océanos y mares ya conformaban un territorio fundamental para el sector energético. Según la Agencia Internacional de Energías, más de un cuarto de la producción del suministro actual de gas y petróleo en el mundo es producido costa afuera, mayoritariamente en el Medio Este, el Mar del Norte, Brasil, el Golfo de México y el Mar Caspio. En el caso de Latinoamérica, se representa mayoritariamente en lo que ha acontecido con la exploración y explotación en las aguas profundas del Presal, la reserva más grande de hidrocarburos encontrados en el planeta en los últimos años frente a las costas brasileñas. De acuerdo a una consultora especializada, la compañía de bandera Petrobras, por sí sola, concentró casi el 88% de los gastos operacionales en aguas profundas de América del Sur entre 2013 y 2020.
Las aguas profundas y ultra profundas de Brasil forman parte de un entramado global de energías extremas. De quince proyectos de explotación de hidrocarburos que en 2019 esperaban una decisión final de los inversores, cinco están en Brasil y los quince tienen en común que operan sobrepasando los escenarios de cambio climático basados en un calentamiento de 1,7 – 1,8°C hasta el 2040. De acuerdo a proyecciones realizadas por IHS Markit en 2019, el offshore en América Latina podría desarrollarse de la mano de la exploración y explotación de reservas de hidrocarburos en las costas de Brasil y Guyana, y la ampliación de las operaciones público-privadas en México, Nicaragua y Trinidad y Tobago. En la misma línea, en agosto de este año Rystad, otra conocida consultora de energías, apuntaba que Sudamérica podría liderar la recuperación de proyectos offshore, indicando que “se espera que en los próximos tres años se dé luz verde a unos 30 proyectos petroleros en alta mar en todo el continente, lo que requerirá una inversión acumulada de unos 50 mil millones de dólares. Estos proyectos son operados por una combinación de compañías petroleras nacionales, grandes empresas y compañías independientes, mostrando la confianza que los operadores tienen en la región”.
Vemos este potencial de inversiones con suma cautela, sobre todo con el ejemplo de la experiencia brasileña, en la que nos detendremos un segundo. Hay en ella elementos transversales para mirar los procesos recientes de todos nuestros países, inclusive Argentina: presencia de empresas privadas y de bandera del Norte y Sur global, discursos desarrollistas en torno a la seguridad energética, lobby petrolero, falta de transparencia, y resistencia y defensa territorial del mar y la vida por parte de comunidades locales.
En Brasil la agenda social, económica y política se enlazó a los destinos de la explotación del Presal, con políticas como los Planes de Aceleración del Crecimiento (PAC 1 y PAC 2), que junto a la banca nacional, financiaron obras de infraestructura a gran escala: puertos, astilleros, ductos, refinerías, plantas de fertilizantes e instalaciones logísticas, tanto en tierra como mar adentro. Tal como señalan desde Fase Espíritu Santo, “de 2003 a 2013 a pesar de la crisis internacional de 2008, el sector petrolero saltó del 3% al 13% del PIB de Brasil”. Es más, la crisis de los precios del 2014 significó en Brasil un golpe sin retorno y una oportunidad para el sector de energías extremas. A la caída de los precios del petróleo siguieron años de profunda crisis, y al juicio por impeachment (o golpe blando) que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff le siguió la ley 13.365, que terminaba con el régimen de operadora única de Petrobras en el Presal y abría la puerta a empresas interesadas como Equinor, Total y Shell. Para 2018, después de 4 rondas de licitación de bloques offshore, Shell ya es el mayor operador extranjero en el Presal, se encuentra presente en seis de los catorce consorcios de exploración activos, en parte gracias al intenso lobby con altos funcionarios de gobierno.
Este ciclo de crisis e inversiones en energías extremas parece repetirse en estos turbulentos tiempos. Es un panorama en tensión, que se mueve en la larga duración de las resistencias, en la mediana duración del capitalismo y en la corta duración de los Estados.
Ilustración: Light the Land
Caribe, Atlántico y Pacífico, camuflaje a plena luz.
Si bien la cantidad de plataformas de perforación activas disminuyó drásticamente en América Latina en el marco de la pandemia, la acción de las compañías para avanzar en la exploración y explotación de reservas fósiles en la costas de diversos países ha sido intensa y, tal como sucede con el desarrollo de otras formas extremas y no convencionales de explotación, se cimienta en trayectorias de limitada visibilidad en países que, fuera de los grandes anuncios, constituyen nuevas fronteras. Es, por ejemplo, el caso de Colombia, donde redes como la Alianza Colombia Libre de Fracking han sido explícitas en denunciar y resistir este avance de las energías extremas. A comienzos de agosto de este año radicaron un proyecto de ley en el Congreso para prohibir la fractura hidráulica en el país. La visibilidad que tienen las iniciativas fósiles costa adentro, contrasta con la relativa invisibilidad del avance en el offshore. Aunque mejor habría que pensar en esta industria como una, cuyas tácticas han sido más de camuflaje, en tanto sus efectos son sumamente visibles: la violencia homicida, la contaminación ambiental y la recolonización de los océanos por medio de la ampliación de una renovada infraestructura para el saqueo.
Pensamos, por ejemplo, en el período posterior a la crisis de precios del crudo de 2014 como un hito común al panorama actual de países como Colombia, Brasil y Perú, donde el lobby petrolero tuvo un escenario perfecto para conseguir beneficios tributarios y hacer avanzar políticas de privatización que contaron con fuerte respaldo en medios de comunicación y pasillos de gobierno. Bien avanzado el 2019, empresas como Shell, Equinor, Exxon, y Tullow no podían ocultar su entusiasmo al conseguir contratos para explorar y explotar bloques en el Mar Caribe, los océanos Atlántico y Pacífico, territorios marinos correspondientes a casi todos los países de Norte, Centro y Sud América. Viéndolo de esta manera, el carácter simultáneo de la crisis por la pandemia no resulta nuevo para el sector de energías extremas, que ha conseguido en relativo sigilo condiciones para adueñarse de enormes territorios y poner en peligro actividades ancestrales y ecosistemas completos. En Honduras –así como en Perú, Argentina, Colombia o Brasil– el avance de las energías extremas está amarrado al avance general de las industrias extractivas, a la violencia en los territorios y a la omisión permanente de las voces de los pueblos afectados.
De acuerdo a la CONROA, todo el proceso de exploración de petróleo y gas en el país se ha dado en un marco de muy escasa, sino nula, información al pueblo hondureño y particularmente al pueblo Miskitu, sobre cuyo territorio tradicional han avanzado las petroleras. El territorio tradicional miskitu se encuentra cohesionado en torno a los Concejos Territoriales que se aglutinan en torno al MASTA, también conocido como Muskitia Asla Takanka o “Unidad de la Muskitia”. Junto al pueblo Miskitu, también las comunidades del pueblo Garífuna han presentado una resistencia tenaz por medio de agrupamientos como la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Ambos espacios de articulación, entre otros, han mostrado un rechazo contundente a la exploración y posible explotación petrolera. Critican fuertemente la opacidad de los procesos de adjudicación de contratos entre el Estado y petroleras como BG Group, Shell, Caribx, así como también el que no fueron consultados ni previamente informados, como lo estipula el convenio 169 de la OIT. Temen a los impactos ambientales, posibles derrames y afectación a los recursos marinos, que son la principal fuente económica y base alimenticia de los pueblos, y al Sistema de Arrecifes Mesoamericano, el segundo mayor del mundo.
En la costa norte peruana, en tanto, las adjudicaciones de 2019 y las de julio de este año, han sido fuertemente resistidas por numerosas organizaciones que, en conjunto, bregan por la defensa del mar, la vida y las fuentes de trabajo de miles de familias pescadoras de la región. Persiguen la derogación de los decretos supremos que autorizan el avance de las empresas en el mar, que se revise la normativa ambiental, la ley marco de Hidrocarburos del Perú, y se haga caso a las demandas de las poblaciones locales para evitar los graves efectos de la actividad. En marzo se produjo un derrame en Cabo Blanco, causado por una falla en un pozo operado por Savia Perú, que puso en riesgo la pesca para el sustento de las familias costeras.
Las movilizaciones a lo largo de la costa norte de Perú no pasaron desapercibidas para las fuerzas policiales que, en el marco de la crisis generada por la pandemia, vieron reforzadas sus atribuciones y fortalecidos los vínculos con las empresas extractivas. En julio, la detención de dirigentes sindicales en Perú, que protagonizaron marchas y movilizaciones, se daba casi en simultáneo en que un periódico en Colombia titulaba como “mina de oro” las reservas de petróleo y gas en las aguas ultraprofundas del Caribe.
Las condiciones para el avance de las energías extremas favorece a algunos y castiga hasta con la muerte a otros, sean niñas, niños y jóvenes. Al mismo tiempo que en Argentina ha comenzado un juicio histórico por el mayor derrame de crudo en el mar, sucedido hace 13 años; nos enteramos de nuevas licitaciones offshore en Brasil, así como también de acciones que llaman a detener toda forma de explotación y a escuchar las voces desde los territorios en una Semana Sin Petróleo.
El panorama del offshore en la región tiene la dualidad de ser simultáneo y particularizado, o sea, está sucediendo en todos los mares de nuestro continente al mismo tiempo y tiene efectos locales muy concretos. Es por ello que al constatar su avance no podemos sino ponernos en alerta. No somos los únicos, múltiples pueblos, comunidades y organizaciones vienen resistiendo el avance de las energías extremas y en este proceso, como sabemos, los pueblos en resistencia también tenemos el atributo de estar en todas partes y al mismo tiempo.
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