El sistema energético actual es la base sobre la cual se reproduce el capitalismo. Por eso, las desigualdades que traza el modelo económico se ven reproducidas a nivel energético: la energía ordena la sociedad entre quienes pueden vivir bien con la energía disponible y quienes no. En este artículo presentamos elementos para pensar la energía desde una perspectiva que la entiende como un derecho.
Por Felipe Gutiérrez Ríos para la séptima edición de la revista Fractura Expuesta / Observatorio Petrolero Sur
La Colonia Rural Nueva Esperanza es un barrio que se encuentra a pocos kilómetros del centro de Neuquén. Es vecina del Parque Industrial Neuquén, que en sus casi mil hectáreas alberga algunas de las empresas más importantes del mundo del fracking en Vaca Muerta. En torno a esa trama de caños, basureros, torres y fábricas, se encuentra este barrio, cada vez menos rural, que creció en los últimos años a partir de la reubicación de distintas ocupaciones en la ciudad.
En el invierno de 2022, a pocos metros de las torres de perforación de fracking, dos incendios distintos mataron a tres personas del barrio, en el sector llamado Ruca Antu. En junio, el colapso de una conexión eléctrica mató a una mujer y su hija en una de las madrugadas más frías de la temporada. En septiembre, pasó lo mismo en la casa de un hombre, migrante chileno, que había instalado su casilla en el lugar unos meses antes.
En estas condiciones de acceso a la energía, las personas conviven con la infraestructura de Vaca Muerta: una de las postales de la injusticia en Neuquén como pasa en tantas otras ciudades de Argentina y América Latina. Los caños, las torres y las promesas de desarrollo coexisten casi sin contradicción aparente con la miseria, el hambre, el frío extremo en invierno y el calor insoportable en verano.
Ese es el sistema energético realmente existente en Argentina, y no un modelo en crisis porque nos pasamos el invierno en “remera y patas” en casa, como decía el empresario Mauricio Macri desde la Casa Rosada. En todo caso, el derroche energético de unos pocos sectores residenciales e industriales es la otra cara de una misma moneda, que es la falta de acceso a la energía. Como un enorme ejército de reserva, los vecinos y las vecinas en la Colonia Nueva Esperanza, y en otros puntos del país, son parte de un sistema que no tiene suficiente energía para ellas, con una energía que no alcanza para vivir.
La pobreza energética
Durante la década de 1970, con la crisis de los precios del petróleo, comenzó a difundirse en los movimientos sociales de Inglaterra la idea de la “pobreza de combustible”. De esa manera se pudo conceptualizar la imposibilidad de pagar por artefactos de calefacción o sus insumos energéticos, lo que provocaba problemas de salud e incluso la muerte de la población urbana más empobrecida en ese país. Y aunque el fenómeno no era nuevo, el uso de ese concepto puso en evidencia esa realidad.
Algunas décadas después, la idea comenzó a considerarse dentro de los debates académicos y a incorporarse en políticas públicas. En ese contexto se popularizó la perspectiva de que los hogares que gastan más del 10 % de sus ingresos en servicios energéticos se encuentran en situación de pobreza energética, concepto que surgió a partir de la sistematización de la idea de pobreza de combustible. Esto llevó a una serie de debates académicos y políticos sobre los métodos para medir la pobreza (y si existe la especificidad de la pobreza energética), los motivos para utilizar esa línea del 10 %, la determinación de las necesidades energéticas de las personas y cómo las satisfacen según sus contextos, entre otros.
Dentro de tales debates aparece el sesgo empobrecedor: la mirada de la política pública sobre la energía suele observar a los sectores pauperizados como objeto de ayudas sociales. De ahí se deriva una perspectiva asistencialista del acceso a la energía, lo que limita las formas de repensar las relaciones de poder que generan estas desigualdades en el acceso. Del mismo modo, en el debate público sobre el acceso a la energía también se pone el acento en los sectores empobrecidos (por ejemplo, condenando el “robo de la energía” en esos barrios) y no en que ese fenómeno también ocurre en sectores de consumo industrial o barrios privados.
En este estado de cosas, ¿se puede politizar desde la mirada de la pobreza energética? Mónica Guiteras, integrante de la Alianza contra la Pobreza Energética de Cataluña, cree que sí, en la medida en que se logre rescatar al concepto de su uso victimizador. “Necesitamos cambiar el foco de la pobreza energética: desde las personas afectadas, que han sido señaladas como responsables como si no supieran consumir, y ponerlo en las empresas que hacen que estos servicios sean impagables, inseguros”, señala Guiteras (1).
El derecho a la energía
Además del sesgo empobrecedor, durante las últimas décadas la cuestión energética ha pasado de manera casi exclusiva por el problema de la generación. En este periodo, en Argentina y América Latina han sido innumerables los conflictos originados por procesos como la extracción de hidrocarburos, la instalación de centrales hidroeléctricas, el avance de energías renovables, la instalación de centrales nucleares o la disposición final de sus desechos. De esta manera, comienza a surgir un movimiento social basado en la crítica al modelo energético actual y en la demanda de una transición energética popular.
Sin embargo, la otra punta del sistema energético, es decir, los consumos, por lo general han provocado menos movilización. Se trata de un problema transversal en la mayoría de las organizaciones. Mientras que en los movimientos sociales la cuestión del acceso no aparece dentro de las demandas principales, los sectores socioambientales centran su crítica en la extracción, y para el grueso de las organizaciones políticas el tema energético simplemente no existe. A partir de ese diagnóstico, creemos que hay tres cuestiones que pueden revelarse como fundamentales para llevar adelante la lucha por el acceso a la energía desde las organizaciones sociales.
Un primer elemento es que el sistema social y económico capitalista está basado a su vez en un modelo energético que lo sostiene. La estructura económica requiere de la base energética que entrega la disponibilidad de energía sobre la cual se asientan las distintas actividades económicas. Por eso es imposible entender la era dorada del capitalismo del siglo xx sin el petróleo: el aumento en la extracción de este bien común estuvo en relación directa con la ampliación de la acumulación capitalista en el mismo periodo. De igual modo, durante las últimas décadas las luchas por poner un freno a la extracción petrolera y a la privatización de nuevas fuentes de energía, son parte de un freno al avance del capital. Discutir el modelo energético actual, entonces, es una de las formas principales de debatir el sistema económico vigente.
La segunda cuestión tiene que ver con las desigualdades sociales que provoca este modelo energético. La energía vista como mercancía genera una división: de un lado quedan las personas y las actividades industriales que pueden consumir energía onerosamente y, del otro lado, quienes no logran cubrir siquiera los consumos básicos o tienen problemas de acceso, como en la Colonia Nueva Esperanza de Neuquén. Ahí es donde entra en pugna la perspectiva del derecho. Por ejemplo, el agua que corre por un río es un bien común que puede ser transformado en un derecho, como es la energía. Sin embargo, este pasaje de bien común a derecho se ve interrumpido por el modelo económico. En el capitalismo, la energía también se vuelve capital, lo que transforma elementos como el petróleo y la electricidad en una forma de relación social. De esta manera, el modelo energético produce y reproduce las desigualdades del modelo económico.
El tercer elemento está vinculado a esta visión de la energía como un derecho. Lejos de la mirada empobrecedora que tienen algunas perspectivas académicas sobre la cuestión de la pobreza energética, América Latina tiene una larga tradición de luchas por el acceso a la energía. Así, procesos como las demandas de electrificación, los conflictos por la construcción de hidroeléctricas, las denuncias por la explotación petrolera o contra las privatizaciones de las empresas públicas son parte de una trama que históricamente ha atravesado nuestro continente, en donde sectores populares se han organizado para ponerle freno al modelo energético o disputar otra manera de gestionarlo.
Estos tres elementos —la relevancia de la energía para el modelo, las desigualdades que este reproduce y la manera en que la energía organiza a las personas— reunidos por la demanda de la energía como derecho pueden ser un primer paso. Esa lucha, hermanada con la tradición antiextractivista, conforman una base sobre la cual las disputas por la energía toman, a la vez, contenido y cuerpo social.
Energía para vivir
En julio de 2022 en Ecuador, luego de 18 días de movilización, las organizaciones indígenas que habían paralizado el país comunicaron una larga lista de acuerdos con el Gobierno. El primer punto era una baja en el precio del diésel, fundamental para la economía de pequeños y medianos productores indígenas y campesinos. El segundo punto era el acuerdo de no ampliar la frontera petrolera, una de las principales demandas de las comunidades indígenas afectadas por el extractivismo.
Las luchas por mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población se encuentran enmarcadas en unos territorios —y a nivel global, en un planeta— vaciados y contaminados. Los incendios de la Colonia Nueva Esperanza de Neuquén son parte de una escena que se repite en muchos sitios: muertes y problemas de salud por instalaciones de gas mal hechas, incendios por conexiones defectuosas, enfermedades por falta de acceso al agua potable, entre otras cosas.
Dentro de esta aparente contradicción entre la lucha por bajar el precio del petróleo y la oposición a su extracción se encuentra una de las claves del momento político actual. Si necesitamos tanto la energía para vivir, como la necesita el capital para reproducirse, en la disputa por ella se juega el modelo de sociedad que tendremos. Que alcancen los bienes comunes que tenemos, pero que alcancen para vivir bien.
1.- “Discutir pobreza energética es discutir privilegios”, en Observatorio Petrolero Sur, 27 de octubre de 2021. Disponible en línea.
