SEMINARIO:
Antecedentes y justificación
Quizás no haya otra región en el mundo en la que los hidrocarburos, la energía y la política estén tan estrechamente relacionados como en América Latina, un continente en el que, a lo largo de su historia republicana, el petróleo y sus derivados han sido motivo de apasionados debates nacionales y regionales –e incluso guerras– sobre el rol del Estado y su posibilidad de encarar tareas de consolidación de la soberanía nacional, ya sea a través de una empresa estatal fuerte encargada del control total de la cadena de producción o mediante la opción de captar la renta a través de una profunda dependencia de empresas extranjeras para la exploración y explotación de estos recursos.
En este sentido, la discusión acerca del control de un recurso estratégico como el petróleo y sus derivados toca aspectos relevantes, como la apropiación del excedente generado por su exportación (que tiende a consolidar un patrón primario exportador) o el apuntalamiento del desarrollo de los países a partir de su transformación productiva e industrialización. Ambas opciones aparecen, en la práctica, como dicotómicas, aunque existen experiencias nacionales que han llevado adelante políticas en las que estas supuestas antípodas se han entrelazado y han dado resultados diversos.
Esta suerte de péndulo de las acciones estatales en el sector tiene antecedentes ideológicos diversos, que han surcado la vida política de los países de la región durante el último siglo, cobijando a socialistas, nacionalistas y liberales en una confrontación permanente, muy a la sazón del contexto internacional y las necesidades que el capitalismo global –las economías de los países desarrollados– imponía como imperativo de adaptación.
Cabe recordar los ecos recientes de esta pugna: i) la reforma liberal de los noventa, con la que los regímenes de propiedad de casi todos los países variaron sustancialmente. Las principales empresas estatales de petróleo y energía pasaron a manos privadas y para el final de la década la mayor parte del sector energético estaba controlado por el sector privado. Con esas reformas, las grandes empresas de la energía fueron ocupando lugares que, hasta pocos años antes, eran considerados «estratégicos». Aun cuando se mantuvieran algunas empresas de carácter público o mixto, éstas debían actuar con «orientación comercial» para garantizar el funcionamiento del nuevo sistema; ii) con el despuntar del nuevo siglo, el ascenso de gobiernos de orientación populista en la región trajo consigo la reverberación de los discursos nacionalistas, que trocaron el control total de la producción por políticas de apropiación del excedente hidrocarburífero (como son el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador), en las que los ingresos de las compañías petroleras estatales fluyen en gran parte hacia el presupuesto público y financian los gastos corrientes y la inversión pública, aunque postergando las estrategias de diversificación productiva.
A diferencia de otros períodos, los resultados de ambos “extremos” del péndulo en los últimos 20 años indican que en la gestión de la energía no ha mostrado marcadas diferencias sobre la forma de explotación y destino de los recursos energéticos, que en general en los países productores son exportados en calidad de energía primaria y, paradójicamente, se vuelven importadores de líquidos y energía eléctrica.
Como un antecedente importante, bajo el impulso de la banca internacional, se creó la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), cuyo objetivo de integración propone promover acciones tendientes a crear las condiciones necesarias para que se desarrollen eficientes interconexiones energéticas regionales, en un marco regulatorio que promueva la competencia y el libre comercio. No obstante, la integración a la que asistimos es, esencialmente, una interconexión física para transportar electricidad y gas natural, sin ningún compromiso político y sin aspiraciones de proyectar un desarrollo regional sustentable. Su objetivo principal es lograr el acceso a las fuentes energéticas disponibles a los precios más bajos.
Como resultado de las políticas energéticas, la privatización, la interconexión y el crecimiento del consumo, se ha llegado al a primera década del siglo XXI con la mayoría de los recursos energéticos en manos de unas pocas grandes compañías, además de un proyecto de integración energética sostenido sobre la base de las necesidades empresariales y no de proyectos políticos nacionales que busquen complementarse. Es por ello que es preciso evaluar la integración energética a la luz de los resultados iniciales de las políticas que se han llevado adelante en la región durante esta primera década.
Objetivo de la reunión
Generar un espacio de debate de la sociedad civil sobre la problemática energética, las condiciones de integración energética regional y su relación con el desarrollo.
Tópicos a abordarse en la reunión
Para tratar de entender la compleja imbricación entre los flujos regionales de energía y el desarrollo, la reunión abordará varios temas relacionados, entre ellos:
– La polarización regional a partir de los flujos energéticos.
– Los principales consumos de energía en la región
– La reproducción intraregional del modelo primario exportador
– El abandono de los sistemas de planificación del desarrollo, la producción, el consumo y el crecimiento de las ciudades como complemento ideal al desarrollo capitalista.
– Significancia económica y política de la nacionalización de los recursos y los excedentes, la autarquía energética en los países versus los descubrimientos de hidrocarburos no convencionales, el rol de las empresas estatales y los proyectos políticos a mediano plazo.
– El futuro energético de la región.
– Las condiciones mínimas para la integración energética
Lugar y fecha
La Paz, Bolivia, miércoles 26 de septiembre de 2012
Organizado por el Centro de dstudios para el desarrollo laboral y agrario (CEDLA)