Mientras el gobierno anunció el envío de tropas a la zona donde se construye la represa de Belo Monte, en el estado de Pará, indígenas de la etnia awá solicitaron se cumpla con la sentencia judicial que ordena expulsar a los madereros de sus territorios.
Esta última información la dio a conocer la organización Survival International que en mayo de 2012 ya había dado fe de que en los territorios de los awá hay diez veces más invasores que indígenas de esa etnia, algo de lo que también están enteradas las autoridades brasileñas.
La citada orden judicial establecía que antes de que culmine el mes en curso los madereros tienen que abandonar el área que ocupan los awá, esto es en la selva tropical del estado de Maranhäo, al norte de Brasil.
Para los indígenas la demora en hacer ejecutar esta orden recae en el Ministro de Justicia. Es por ello que los Awá hicieron un “llamamiento excepcional” dirigido a José Eduardo Cardozo en el que expresan su enfado por permitir que los madereros sigan talando sus árboles, informó Survival.
Según la investigadora Fiona Watson de Survival International, sólo entre 60 y 100 awás continúan viviendo en aislamiento y otros 360 se reparten en cuatro comunidades en las que continúan viviendo como lo hacían antes de sedentarizarse.
Medida plantea anular protestas en contra de Belo Monte
A la indiferencia mostrada por el gobierno hacia los pueblos indígenas se suma la ejecución de una nueva medida que los perjudica.
Se trata de una disposición de la justicia que ordena el desplazamiento de tropas de la Policía Federal a la zona donde se construye la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado amazónico de Pará. El objetivo: evitar que las continuas protestas contra el proyecto impidan su realización.
Esta tarea la tendrá específicamente la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo especialmente entrenado para combatir situaciones de desorden público.
Como el propio gobierno reconoce, la construcción de esta hidroeléctrica sobre el río Xingú inundará 516 kilómetros cuadrados de selva amazónica lo que provocará el desplazamiento de unos 50 mil indígenas y campesinos que habitan la ribera del citado río.
Se debe sumar a esto que los “daños irreparables” que causará al ecosistema amazónico. La medida fue tomada por el gobierno luego que protestas realizadas la semana pasada por unos 150 personas paralizaron las obras por dos días.
Servindi
