Por Fernando Cabrera*
La carátula de “tentativa de homicidio” con que se acusó a Relmu Ñamku es un paso más en los despojos petroleros sobre comunidades mapuche. A lo largo del juicio la descontextualización fue una de las estrategias de la acusación. Una perspectiva más amplia sobre las avanzadas hidrocarburíferas en territorios indígenas permite evaluar en profundidad el acto de arrojar una piedra.
A poco de concretada la sanguinaria avanzada militar del ejército de Roca, se descubre el petróleo en Neuquén. La ciudad de Plaza Huincul y su vecina Cutral Co son el resultado de la expansión de aquel primer pozo. La historiadora Orietta Favaro, sin embargo, establece que es recién con el descubrimiento del megayacimiento gasífero Loma la Lata a fines de la década de 1970 cuando la provincia define su perfil netamente hidrocarburífero. Hoy el avance sobre yacimientos no convencionales, cuyo mayor desarrollo se concreta en el área Loma Campana, a pocos kilómetros de la localidad de Añelo y de Loma la Lata, delínea una nueva avanzada.
Será justamente en esas tres territorialidades donde se constataron las mayores disputas de Lof (comunidades) contra petroleras. Es que los campos estériles donde las y los mapuche fueron arrinconados durante un siglo, son desde hace por lo menos 30 años, altamente codiciados debido a que en ellos existen valiosos “recursos”: fundamentalmente petróleo y gas.
Tras el inicio del proceso de privatización de YPF, la extracción amplió paulatinamente su ocupación a zonas anteriormente periféricas, impactando directamente los territorios de las comunidades mapuche. En ellas nunca se realizó un proceso de consulta previa y los atropellos fueron permanentes. Durante estas más de dos décadas, los gobiernos, poder judicial y empresas han mostrado una férrea alianza para consumar el renovado despojo.
Caso por caso
A mediados de la década de 1990, la primer confrontación en lograr difusión mediática fue la de las comunidades Kaxipayiñ y Painemil, sobre cuyo territorio histórico se emplaza el megayacimiento de Loma la Lata operado entonces por YPF S.A. Las condiciones de vida que debieron soportar por más de dos décadas las comunidades quedó al descubierto cuando integrantes del Lof Kaxipayiñ obtuvieron un líquido inflamable al perforar un pozo cuyo objetivo era obtener agua para consumo. La imagen se difundió profusamente. Se llevaron adelante una serie de estudios que dieron cuenta de la fuerte afectación sobre la salud, el ambiente y la cultura que había causado el yacimiento. Una investigación interdisciplinaria coordinada por el abogado Carlos Falaschi concluyó: “Los datos analizados constituyen un serio indicador de que los niveles de exposición a elementos tales como hidrocarburos en general, plomo y mercurio, más allá de las cantidades encontradas en sus organismos, representan una seria afectación de la salud física, agravada por la incertidumbre generada por la inacción del sistema de salud provincial, que negó sistemáticamente la información”.
Sin embargo, a pesar de la degradación ocasionada por el accionar de la compañía en la extracción, en diciembre de 2000 los gobiernos provincial y nacional acordaron la prórroga de la concesión a Repsol-YPF en Loma la Lata, por el término de 10 años a partir de su vencimiento en 2017. Esta prórroga, motivó el rechazo frontal de las organizaciones mapuche que realizaron una protesta que fue brutalmente reprimida. Finalmente las comunidades Paynemil y Kaxipayñ obtuvieron un triunfo judicial parcial, relativo al cobro de servidumbres. Mientras tanto las napas siguen contaminándose, el daño cultural no mengua y aún hoy son permanente los atropellos que sufren.
Posteriormente, ya en los inicios del siglo XXI, la zona de conflicto se ubicó en la “Zona Centro” de la Confederación Mapuche de Neuquén, que abarca los departamentos de Zapala, Catan Lil y Picun Leufu. Allí, según un relevamiento del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) realizado en 2008, había 18 comunidades afectadas por alguna de las etapas de la explotación hidrocarburífera. Dato que no extraña si se tiene en cuenta que prácticamente la totalidad del territorio provincial ha sido concesionado a compañías que, en el mejor de los casos, esperan la llegada de inversiones para comenzar a intervenir, pero que en esta zona ya están realizando exploración o explotación.
El informe del ODPHI destaca que “uno de los problemas centrales en este aspecto es la provisión de agua potable, ya que las pequeñas aguadas que hay en la zona están amenazadas por la explotación petrolera. Esto agudiza los conflictos al interior de las Comunidades y genera divisiones que en general son aprovechadas tanto por el gobierno como por las empresas”.
En esta región, y sin pretender exhaustividad, se pueden recordar los casos de la avanzada de la compañía estadounidense Apache sobre la comunidad Logko Puran, o el de petrolera Piedra del Águila sobre territorio de Wentru Trawun Leufu. Las acciones legales lejos de condenar la expansión extractiva, criminalizaron a los integrantes de las comunidades.
En la misma región, Apache perforó en territorio de Gelay Ko el primer pozo de hidrofractura de Latinoamérica. Por ese motivo un sector de la comunidad inició un fuerte proceso de lucha. En febrero de 2014, YPF compró Apache y la bautizó YSur, convirtiéndose en la principal operadora de la región. Pese a los nuevos nombres las prácticas continúan.
Otro de los ejemplos emblemáticos es el de la comunidad Campo Maripe, que reclama un territorio de 11 mil hectáreas que se corresponden en parte importante con el área Loma Campana en donde YPF y Chevron avanzan en el desarrollo masivo de fracking. Tras reiterados y permanentes cortes en el acceso al yacimiento, el gobierno provincial aceptó, a fines de 2014, la entrega de la personería jurídica a la comunidad y la urgente realización del relevamiento territorial. Sin embargo, poco meses después cuando los resultados del informe histórico antropológico coincidieron con las demandas indígenas, el gobierno lo desconoció y cortó unilateralmente las negociaciones. Sólo mediante la ocupación de las oficinas de YPF, el ejecutivo aceptó retomar el diálogo.
Repasar los distintos conflictos que la industria petrolera ha dejado en comunidades mapuche permite entender en qué marco los integrantes del Lof Winkul Newen defendían su territorio en diciembre de 2012 cuando ocurrieron los hechos que hoy son parte del juicio en Zapala. El despojo de fines del siglo XIX continúa, ahora con ropas democráticas. Las y los mapuches resisten y lo hacen con lo que tienen a mano. La violencia, queda claro, es la que sufren las comunidades.
* Investigador del Observatorio Petrolero Sur/ integrante de Tierra para Vivir
Nota publicada en Marcha
