En el último lustro cinco proyectos de ley fueron presentados en el Congreso Nacional para la promoción del carbón en la matriz energética. La iniciativa que llegó al Senado y será votada hoy, es uno de los que menos participación da a los trabajadores, al tiempo que tampoco contempla la cuestión ambiental ni la necesidad de transitar hacia una matriz energética limpia y renovable. Por el contrario, la iniciativa que se tratará en la cámara alta promueve como ninguna otra al carbón como fuente primaria, al declarar de interés público nacional tanto su exploración y explotación como la generación de energía eléctrica a partir de su combustión.
Por Hernán Scandizzo*
El 26 de noviembre fue aprobada en Diputados la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado. El proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo contó con el apoyo del Frente para la Victoria (FpV) y de las bancadas opositoras Unidad Popular, Libres del Sur, Proyecto Sur y Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Según estas fuerzas la iniciativa satisface una demanda histórica de los trabajadores del carbón, quienes verían garantizados no sólo sus puestos de trabajo sino además la continuidad de la actividad económica que da vida a localidades santacruceñas de Río Turbio y 28 de Noviembre. Sin embargo el contenido del proyecto de ley va mucho más allá y la falta de participación amplia en el tratamiento del proyecto obturó la discusión en torno a la diversificación de la matriz energética y a la necesidad de un abordaje socioambiental del tema; perspectivas que incluso habían sido incorporadas tibiamente en otros proyectos que buscaban atender los reclamos de los poblaciones del extremo sur del país.
“Las fuerzas de izquierda y centroizquierda que apoyaron el proyecto -la mayoría críticas del extractivismo- no hicieron cuestionamientos, quizá por falta de perspectiva, quizá porque no lograron superar la falsa contradicción entre lo social y lo ambiental”.
La posibilidad de que ese debate tenga lugar en el Senado es remota, el FpV apuesta a una aprobación express para la inmediata promulgación por parte de Cristina Fernández de Kirchner, en uno de sus últimos actos de gobierno. En tanto las fuerzas de izquierda y centroizquierda que apoyaron el proyecto, la mayoría de las cuales son críticas de la megaminería y del fracking, no hicieron cuestionamientos al proyecto, quizá por falta de perspectiva, quizá porque no lograron superar la falsa contradicción entre lo social y lo ambiental.
Los argumentos de Alcira
Tras la publicación de la crítica al proyecto de creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado, tuvimos un intercambio de correos con la diputada nacional por Proyecto Sur, Alcira Argumedo, quien explicó su posición. “Dimos nuestro apoyo a esta ley, accediendo al pedido de los delegados de trabajadores, con los cuales tenemos relación desde hace ya veinte años, cuando iniciaron su lucha contra la privatización”, señaló. En tanto aclaró: “No se trata de crear una nueva empresa carbonífera, sino de la nacionalización, mediante una sociedad del Estado, de una empresa que tiene aproximadamente 60 años y comprende las minas de Río Turbio, servicios ferroportuarios con terminación en Punta Loyola y Río Gallegos y una central termoeléctrica”. Y enfatizó: “Un caso diferente a la posibilidad de avalar la instalación desde cero de un emprendimiento de explotación de minas de carbón”.
También advirtió que “no sólo se trata de los puestos de 3.200 trabajadores en todas las áreas, sino además de la existencia misma de la ciudad de Río Turbio y del pueblo vecino 28 de Noviembre, con 30.000 habitantes que dependen exclusivamente de la empresa”. La diputada aseguró que de cerrarse la empresa, pasarían a ser dos pueblos fantasma, como “los pueblos que desaparecieron cuando la privatización de YPF, con los costos sociales que ello implica”.
“En síntesis –sostuvo Argumedo-, en la evaluación entre los costos sociales y los ambientales, se concluyó que, en lo inmediato, era preciso preservar la empresa para el Estado garantizando el empleo de los trabajadores y la supervivencia de la ciudad de Río Turbio. Lo cual no impide que, neutralizado por un tiempo el costo social, se busquen alternativas económicas y/o de producción de energías renovables, que permitan erradicar el carbón de la matriz energética, como parte del proyecto presentado por el Senador Solanas Argentina 2050: 100% de energías renovables”.
Más allá de Río Turbio
El alcance global del proyecto fue expresado en más de una ocasión durante la sesión del 26 de noviembre. En ese sentido el diputado santacruceño Mario Metaza (FpV) sostuvo que la iniciativa “es estratégicamente clave, ya que al igual que en el resto del mundo, la República Argentina deberá potenciar el uso de las reservas del carbón mineral existente como materia energética de relevancia en relación a las reservas de petróleo y gas, considerando a éstas estratégicas para el desarrollo del país”. Y agregó que para ello “se deberán reactivar las campañas de exploración para incorporar reservas a las ya existentes, dando injerencia a la nueva empresa”.
Por su parte Edgardo Depetri (FpV) remarcó que “en las políticas y análisis economicistas, para la política energética nacional el carbón siempre fue el socio menor del petróleo, el gas, la energía nuclear o la eólica. El carbón no tenía lugar en la definición de la matriz energética”. Y subrayó que a partir de la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales S.E. “Río Turbio vuelve a ser la posibilidad de un desarrollo energético, de una visión y una mirada territorial de la necesidad de poblar nuestra Patagonia, pero sobre todo vuelve a ser un factor económico fundamental, porque el gobierno de Néstor Kirchner y de nuestra querida compañera Cristina Fernández de Kirchner ha devuelto al carbón su lugar”.
“De los 4 proyectos de ley presentados en el Congreso, el que hoy se tratará en el Senado es uno de los que menos participación da a los trabajadores”
En el debate parlamentario también intervino el diputado salteño Pablo López (Partido Obrero – FIT), quien dio su apoyo a Y.C.F.S.E., al tiempo que manifestó que en abril presentaron con su par Néstor Pitrola un proyecto para la creación de una empresa carboeléctrica en Río Turbio. Proyecto que, a pesar de haberlo solicitado, no fue tratado junto a la propuesta del Poder Ejecutivo.
Antecedentes
En el último lustro cinco proyectos de ley, contando el impulsado por la administración de Cristina Fernández de Kirchner, fueron presentados en el Congreso Nacional para la promoción del carbón en la matriz energética, cuatro tienen como eje al complejo carbonífero de Río Turbio. Si bien estos tienen en común ese punto, difieren no sólo en el esquema elegido para la organización de la empresa y la participación de los trabajadores sino también en los niveles de problematización de la cuestión ambiental y de intervención de la población local y los usuarios en la gestión. El proyecto que llegó al Senado es uno de los que menos participación da a los trabajadores. Éste tampoco contempla la cuestión ambiental ni la necesidad de diversificar la matriz energética hacia fuentes limpias y renovables; por el contrario, como ningún otro promueve al carbón al declarar de interés público nacional su exploración y explotación y la generación de energía eléctrica a partir de su combustión.
Como mencionábamos antes, en los primeros meses de este año los diputados del Partido Obrero-FIT, Néstor Pitrola (Buenos Aires) y Pablo López (Salta), presentaron un proyecto para la creación de la empresa Carboeléctrica Estatal Obrera (CARBESO). La propuesta pone mayor énfasis en la forma de organización que en la propia actividad minero energética. “El Directorio estará constituido por 5 Directores, 3 de los cuales elegidos en forma directa y con representación proporcional por los trabajadores de la empresa reunidos en asamblea convocada al efecto y revocables por la misma vía, 1 elegido por el voto directo de las poblaciones de la cuenca carbonífera de Río Turbio en distrito único, también revocable y 1 designado por el Poder Ejecutivo Nacional”. CARBESO “tendrá como objeto la explotación/comercialización de los yacimientos carboníferos, con todos sus residuos y derivados, así como la generación/comercialización de energía por medio de la explotación de la usina radicada en Río Turbio provincia de Santa Cruz”.
Además de la conducción obrera, otro hecho destacable es que el proyecto contempla que “el director que representa a las comunidades deberá informar periódicamente en asambleas comunitarias sobre la marcha de la gestión, con especial atención al cumplimiento de las normas ambientales y la preservación de un ambiente sano para la vida humana, animal y vegetal en la región”.
En 2013, justo dos años antes de que ingresara al parlamento el proyecto del Poder Ejecutivo, la diputada de Santa Cruz, Blanca Blanco de Peralta (FpV), presentó una iniciativa para la creación de Yacimiento Río Turbio Sociedad del Estado. Proponía “un esquema de conducción donde los trabajadores estén representados en pie de igualdad con los representantes del Estado [nacional y santacruceño]. No obstante esta paridad, se establece taxativamente que ninguno de estos grupos puede tomar decisiones en total ausencia del otro, propendiendo a la armonía y al entendimiento antes que a la confrontación. Asimismo, se incorpora un representante de los consumidores y usuarios de energía eléctrica de la Provincia de Santa Cruz”. En ese aspecto el proyecto era mucho más avanzado que el recientemente aprobado en Diputados, también impulsado desde el FpV, que sólo contempla un director obrero sobre un total de cinco y no crea instancias de intervención de los usuarios.
Si bien en esta iniciativa también promovía que la empresa carbonífera estatal tomara “a su cargo la exploración y explotación de otros yacimientos de carbón, turba, hulla, rocas asfálticas, esquistos bituminosos…”, asumía, al menos de manera parcial, que las energías sucias deben financiar el desarrollo de las limpias, por lo que planteaba que el 5% de las utilidades obtenidas durante los primeros cinco años de operación fueran destinados a “financiar estudios de investigación y desarrollo de energías renovables y alternativas en Universidades Públicas Nacionales y Organismos de Ciencia y Técnica Nacionales”[1]. En tanto advertía que “las actividades desarrolladas por YRT S.E. y todas las empresas vinculadas, contratadas o asociadas, deben evitar operaciones que produzcan impactos ambientales o sociales en el medio ambiente y en la organización socioeconómica de la poblaciones asentadas en su área de influencia, siendo absolutamente responsables de la conservación del ecosistema, de la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético de la Nación”. Un aspecto que no es contemplado en el proyecto que llega al Senado.
En tanto en junio de 2012 el diputado santacruceño Eduardo Raúl Costa (UCR) también impulsó la creación de Yacimientos Río Turbio Sociedad del Estado, que tenía “por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los Yacimientos de carbón mineral, su residual y, el transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto”. También estaba entre sus fines “generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica” y avanzar sobre otros minerales energéticos sólidos que se considerara conveniente para el desarrollo del país.
En este caso los destinos de la empresa quedaban casi exclusivamente en manos del gobierno nacional, con una muy reducida participación de la provincia y de los trabajadores –quienes participaban en hasta un 10% de las utilidades de YCRT SE. Por otra parte, en el proyecto no se hace referencia alguna al cuidado del ambiente ni a la promoción de fuentes renovables.
Mientras que el quinto proyecto, vinculado de manera indirecta con esta discusión, fue presentado en abril por el diputado por Mendoza, Juan Dante González (FpV), y apunta a la regulación y promoción de la producción de combustibles líquidos derivados del gas y del carbón mineral.
*Investigador del Observatorio Petrolero Sur
[1] También durante los primeros cinco años, un 5% de las utilidades debía distribuirse entre el personal de la empresa.
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