Esta semana se reunieron representantes de 57 países para poner en marcha un plan de disminución del uso y extracción de combustibles fósiles. Más de mil organizaciones sociales, indígenas, académicas y sindicales también se encontraron para levantar sus propias demandas. Parece abrirse una nueva etapa en las negociaciones gubernamentales para pensar un futuro más allá de los hidrocarburos. Revisamos en esta nota los aspectos clave del encuentro.
Por Felipe Gutiérrez Ríos y Fernando Cabrera Christiansen / OPSur .-
Lo que se discutió
Ayer culminó la Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles organizada por los gobiernos de Colombia y Países Bajos, con el objetivo de avanzar en acuerdos concretos para una “transición progresiva para abandonar los combustibles fósiles”. El encuentro convocó a 57 países, varios estados subnacionales, sectores académicos y organizaciones sociales y es un importante paso en la cooperación internacional hacia la eliminación gradual de la extracción y consumo de gas, petróleo y carbón.
La cumbre tuvo tres grandes acuerdos. El primero es la continuidad de la Conferencia con la realización de un segundo encuentro en Tuvalu en los primeros meses de 2027, copresidido por ese país polinésico e Irlanda. En segundo lugar, se anunció la creación de un Panel Científico para la Transición Energética Global que tendrá el rol de aportar a los estados soluciones concretas para la transición. Por último, se seguirá trabajando en tres pilares: la dependencia fiscal, la desfosilización del comercio y el diseño de hojas de ruta que superen las instancias solamente nacionales. Estas últimas buscan superar el alcance limitado de las actuales Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que surgieron con el Acuerdo de París.
Aunque los acuerdos fueron acotados, la Conferencia marcó un hito histórico que busca superar la inercia de las negociaciones globales sobre el clima. Después de treinta años de Cumbres de la ONU sobre el Cambio Climático, conocidas como COP, la negociación climática se encuentra estancada entre intereses capitalistas en pugna y el boicot de los principales países extractores de fósiles. Esta inacción es aún más grave si se considera que la evidencia científica creada por el mismo sistema de las Naciones Unidas reconoce la necesidad de una eliminación drástica de estas fuentes energéticas, causantes del 75% de los gases de efecto invernadero.
Lo que queda pendiente
La cumbre estuvo precedida por diversas actividades, como la Cumbre de los Pueblos, que reunió a más de 1.500 personas y culminó con una masiva marcha por las calles de Santa Marta el 27 de abril. “Más allá de la Conferencia, nuestro trabajo seguirá siendo impulsar que de estas instancias salgan acciones concretas, que tomen en consideración las demandas de los movimientos sociales porque no queremos cualquier tipo de transición energética, sino una transición justa”, señaló Yuvelis Morales, una de las referentes del movimiento antifracking de Colombia, reciente ganadora del premio Goldman, conocido como el “Premio Nobel Ambiental”.
Foto: Matheus Melo
En un sentido similar se expresa el documento final de la Cumbre, que sostiene que la transición debe ser vista como mucho más que un cambio de fuentes energéticas, sino que requiere de una modificación del modelo. Esto implica, de acuerdo al documento, “una amplia transformación económica para superar las dependencias estructurales, superar las limitaciones de la deuda, ampliar el acceso a una energía fiable y apoyar economías diversificadas y resilientes. Esto debe planificarse junto con los trabajadores y las comunidades, garantizando una transición que sea justa, basada en los derechos y que aporte beneficios tangibles a los grupos marginados”.
En paralelo también se realizó la Conferencia por Territorios Libres de Fósiles organizada por más de 60 organizaciones, entre ellas Oilwatch Latinoamérica. Allí se expresó que un paso fundamental para empezar la transición hacia otro vínculo con la energía es establecer territorios libres de petróleo, algo que las comunidades vienen peleando en distintos lugares del continente, como el caso del Yasuní en Ecuador o en las comunidades mapuche en Vaca Muerta. “Estas iniciativas son posibles, lo que falta es voluntad política para atreverse a hacer algo distinto. Hay muchas ataduras con las corporaciones, con las preocupaciones económicas en relación a la exportación. Falta una alianza de gobiernos que tengan el coraje de hacer algo vinculante, transformador y animarse a dejar el crudo en el subsuelo y no financiar y beneficiar más esta industria, no expandir más y empezar a pensar en que cierre”, sostuvo Clara Junger, de FASE de Brasil, una de las organizaciones que son parte de Oilwatch.
Otra de las demandas impulsadas en el contexto de la Conferencia es la creación de un tratado que sea vinculante entre los Estados para la salida de los fósiles, como forma de superar las cumbres meramente declarativas. Andrés Gómez, coordinador latinoamericano de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, valoró que la continuidad del encuentro en Tuvalu el próximo año sirve para sentar las bases de este instrumento, al que describe como “un mecanismo multilateral vinculante que pueda crear un camino de salida de los fósiles a partir de las demandas de justicia climática, energética y financiera. Es una herramienta que ni el Acuerdo de París, ni los debates de las COP tienen en cuenta”.
No nace de un repollo
La Conferencia de Santa Marta concluye, así, como respuesta política a un proceso impulsado por diversos sectores. Tanto desde la ciencia como movimientos sociales y en particular territoriales, se denuncia durante las últimas décadas los gravísimos impactos del capitalismo fósil. Por eso, más allá de los límites de este tipo de instancias internacionales, su sola existencia muestra lo relevantes que han sido estas luchas. Que la primera Conferencia se realizara en Colombia, un país con una fuerte movilización social en torno a la cuestión energética y ambiental, da cuenta de este proceso y abre un sendero para crear nuevos escenarios de disputa en contra de un sistema ecológicamente contaminante y socialmente injusto.
