Desde el 10 de agosto y en varias audiencias sucesivas, un juez evaluará la prueba de la causa penal y resolverá si el dueño y dos exgerentes del basurero petrolero son llevados a juicio acusados por contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. Hasta el momento, es el proceso judicial ambiental de este tipo más importante de la historia de Vaca Muerta.
Por OPSur.- La semana del 10 de agosto será decisiva para la causa que imputa al dueño y dos exgerentes del basurero petrolero Comarsa. Ese día comienzan las audiencias de control de acusación, instancia en la que las partes expondrán las pruebas recabadas en la investigación. Serán al menos tres jornadas consecutivas, tras las cuales el juez definirá si la causa avanza a juicio oral y público. Debido a la gravedad de los delitos cometidos, la fiscalía y las querellas solicitaron que el juzgamiento se realice mediante un juicio por jurados.
El predio de Comarsa en la ciudad de Neuquén ocupa unas 17 hectáreas colmadas de barros tóxicos derivados del fracking en Vaca Muerta y está ubicado a pocos metros de viviendas y proyectos urbanísticos. Gran parte de esa superficie fue incorporada mediante la ocupación ilegal de tierras públicas. Frente al crecimiento exponencial de los residuos generados por el fracking, la empresa expandió sus operaciones sobre terrenos fiscales provinciales y municipales sin autorización previa. Las inspecciones oficiales detectaron piletas clandestinas, superficies ocupadas sin habilitación y una capacidad de tratamiento muy inferior al volumen de residuos acumulados.
La cercanía del predio con zonas habitadas representa un riesgo sanitario y ambiental que fue advertido en reiteradas oportunidades por organizaciones sociales y vecinos y vecinas de la ciudad. Incluso el Decreto Provincial 2263/15 prohíbe la instalación de plantas de tratamiento de este tipo a menos de ocho kilómetros de centros poblados, una exigencia que, durante años, fue incumplida por la propia Comarsa y que hoy sigue siendo desatendida por la mayoría de las empresas tratadoras de residuos petroleros.
Durante las audiencias, el fiscal ambiental de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, aseguró que los residuos allí alojados contienen compuestos volátiles y altamente tóxicos, entre los cuales se pueden mencionar los BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno), HAPs (Hidrocarburos aromáticos policíclicos, como naftaleno, fluoreno, fenantreno) y metales pesados como plomo, bario y mercurio, entre otros.
Comarsa cerró sus puertas a mediados de 2018, pero recién a fines de 2024 —10 meses después de la audiencia en que sus máximas autoridades fueron imputadas— empezó a retirar los residuos sin tratarlos.
Al momento de realizar la formulación de cargos, se calculaba que había 210 mil metros cúbicos de barros tóxicos en el predio de la empresa, equivalente a unos 10 mil camiones batea. Sin embargo, la fiscalía comprobó que ese cálculo era insuficiente, ya que recientemente encontró cantidades de residuos peligrosos enterrados que no estaban contabilizadas.
La causa se inició en 2020 por una denuncia de la Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina. Posteriormente se sumó como querellante la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH). Gracias a la solidez de las pruebas, en febrero de 2024 la fiscalía formuló cargos contra tres de los máximos responsables de Comarsa: el dueño y dos exgerentes.
Desde entonces, los plazos se han extendido debido a la complejidad de la investigación y a las maniobras judiciales de la defensa, que impugnó gran parte de las resoluciones y solicitó salidas extraordinarias como la probation. Esta medida, que posibilita evitar el juicio a cambios de asumir ciertos compromisos, le fue concedida en primera instancia y posteriormente fue revocada.
Presionada por la causa judicial, Comarsa está llevando adelante un nuevo plan de abandono del predio. Hace una década presentó el primero referido al retiro de los hornos con los que trataba los residuos peligrosos. Hasta el momento no cumplió ninguno. Y, en el marco de la causa, ya anticipó que tampoco respetará los plazos acordados en este plan, que no incluye el tratamiento de los residuos, ni al saneamiento de los residuos enterrados, ni la remediación de las zonas afectadas.
Llegar a esta instancia judicial es sin duda meritorio pero eso no impide pensar que falta analizar las responsabilidades de otras autoridades de Comarsa, de los funcionarios de la secretaría de Ambiente que habilitaron anualmente el funcionamiento de esta empresa y de las petroleras operadoras, que son las responsables últimas de los residuos peligrosos que generan. Además, se debería analizar la situación de la planta que la empresa tiene en Añelo, así como destacar que la situación de Comarsa se repite en las otras firmas de la provincia que acumulan más de lo que pueden procesar y no están a las distancia de la población que exige el decreto reglamentario.
