“Quiero reconocer el valor, el coraje y la visión de la señora presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en lanzar un nuevo modelo de empresa en Argentina donde se trata de alinear los intereses de los accionistas con el interés del Estado nacional y con el manejo de un compañía netamente profesionalizado. Yo creo que este es el modelo que hoy se puede llevar adelante en este país”.
Miguel Galuccio, CEO de YPF
Discurso en el Consejo de las Américas,
Bs. As., 22 de agosto de 2013
Más allá de la dicotomía entre lo público y lo privado, el Estado empresario.
Tras 10 años de búsquedas infructuosas, el kirchnerismo parece haber encontrado una fórmula propia para el manejo del sector hidrocarburífero. La ambigüedad de YPF -que por momentos pretende emular a su antecesora estatal y por otros asume su carácter privado, según lo determine la coyuntura- y las expectativas en la explotación no convencional, delinean la nueva perspectiva gubernamental, cuyo modelo promueve la exportación de bienes comunes al tiempo que la compatibiliza con la promoción de una industrialización dependiente y sectores extractivos (megaminería, complejo agroexportador).
En este escenario, el acuerdo con Chevron es el primer paso para lograr el “autoabastecimiento”, necesario a su vez para garantizar la continuidad del crecimiento macroeconómico y poner fin al abultado drenaje de divisas derivado de la importación de gas. En simultáneo, y siguiendo el esquema planteado tanto en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera -por la que se expropió el 51% de las acciones de la empresa a Repsol- como en el Plan Quinquenal de YPF, la exportación aparece como un objetivo complementario. Cubrir la demanda actual y exportar, una lógica que no ve a los hidrocarburos por fuera de la ecuación económica, aunque ahora, se argumente que buena parte de lo producido se destinaría a infraestructura social y al fortalecimiento del Estado al tiempo que se genera desarrollo industrial local del sector.
En este sentido el CEO de YPF, Miguel Galuccio, es contundente: aspira a transformar a Argentina en potencia petrolera. Es decir, que si las expectativas y las valorizaciones en torno a los recursos no convencionales se cumplieran, Argentina se convertiría en un exportador neto de hidrocarburos. La llegada de más trasnacionales para que se sumen al juego e inyecten capital es, por ende, central. YPF, el Estado empresario, tendría entonces un rol protagónico en tanto coordinador del sector, beneficiario de una parte de la renta y mediador entre los múltiples intereses (principalmente trasnacionales-distintos niveles estatales, pero también capitales nacionales, locales y demandas comunitarias).
Así, las últimas medidas del Gobierno Nacional que dirige YPF S.A. no delinean ni una reprivatización de la empresa, ni la vuelta al neoliberalismo de la década de los 90′; pero, por otro lado, tampoco garantizan soberanía y autoabastecimiento, como tradicionalmente fueron entendidos. Es un nuevo formato de acumulación. YPF S.A. no solo obtendrá un beneficio, sino que además es el motor y el garante en el pretendido desarrollo masivo de hidrocarburos no convencionales. Es un juego de beneficios económicos compartidos que conjuga los intereses del Estado Argentino, trasnacionales y el Departamento de Estado de EE.UU. –que promueve a nivel global el desarrollo de los no convencionales. Ganancias que ocasionarán pasivos que afectarán a los habitantes y de los que el responsable, en última instancia, será el Estado.
Vaca Muerta en sentido amplio
Más allá de las posibilidades reales, la intención de transformar a Argentina de país con petróleo a país petrolero es un proyecto de larga duración. Objetivo que necesitará de un Estado rector/inversor que garantice la infraestructura, el capital humano y la licencia social.
Por otro lado, convertir al país en una potencia no convencional implica una modificación integral y radical del mapa hidrocarburífero nacional. Más allá de Vaca Muerta, se evalúa desarrollar varias cuencas de no convencionales: algunas se superponen con las ya existentes, otras como la Chacoparanaense y Claromecó, comprenden territorios que han tenido otros desarrollos productivos. Son varios los proyectos de expansión territorial sobre los que, en la actualidad, se evalúa si son técnica y económicamente explotables.
Un nuevo Estado empresario, que conjuga sus intereses con los del capital privado trasnacional y las políticas del Departamento de Estado de EE.UU., demostrará su efectividad en la sesión de la Legislatura neuquina del 28 de agosto. En paralelo, una movilización en la que confluyen distintos sindicatos, comunidades mapuches, organizaciones sociales, la Multisectorial contra el Fracking y la iglesia, denunciará el acuerdo para la explotación de no convencionales. Con el resultado de esa confrontación habrá terminado otro round en la disputa por el futuro del fracking en el país.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
OPSur
