Qué entendemos por energía extrema

Por  Tatiana Roa Avendaño (Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia)
y Hernán Scandizzo (OPSur)

Aún están frescas las imágenes del incendio de la plataforma Deepwater Horizon, cuando perforaba el pozo Macondo en el Golfo de México, en abril de 2010. La explosión e incendio dejó once trabajadores muertos y, después de más de tres meses de intensas labores, la petrolera BP logró controlar la situación. Para entonces habían sido vertidos al mar Caribe más de 700 millones de litros de crudo y otros varios millones más de litros de agua de formación. La magnitud del desastre expresa los riesgos que conllevará la ampliación de la frontera extractiva y tecnológica, y es lo que analistas como Michael t. Klare han denominado energía extrema.

Este concepto de energía extrema se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extra-pesados, las arenas bituminosas e incluso desarrollos biotecnológicos para aplicar en procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos en pozos agotados.

En el mismo combo aparecen los yacimientos en el mar, cada vez más alejados de la costa, en aguas más y más profundas, que son extraídos, en algunos casos, luego de atravesar gruesas capas de sal. También estos yacimientos están conociendo las delicias de la fracturación hidráulica, para revertir la caída de la producción. Y el carbón alojado en las profundidades de la tierra, inaccesible para la minería convencional, despierta el interés de gobiernos y empresas, del mismo modo que el gas allí contenido. Miles y miles de toneladas de carbono que serían lanzadas a la atmósfera si esos hidrocarburos son extraídos e inyectados al mercado energético y la industria petroquímica para extender la decadencia de la civilización fósil.

Otra característica de este modelo de extracción extrema es que en muchos casos se trata de gas, crudo y carbón a los que se accede ampliando la frontera extractiva sobre tierras campesinas y de pequeños productores, aguas de pescadores artesanales y territorios indígenas y afrodescendientes. Una expansión acompañada de conculcación de derechos, que da lugar a desplazamientos de población, desaparición de saberes y culturas, así como también la muerte de economías locales y regionales. Es decir, constituye una amenaza contra la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos. Una violencia simbólica y material que es intrínseca a la energía extrema, y que significa además una profundización de la violencia sobre los cuerpos y la Naturaleza no humana. No sólo por la irrupción en ecosistemas frágiles y por profundizar la degradación de los ya impactados, sino también por el empecinamiento de seguir apostando a la matriz energética responsable de la crisis climática y el calentamiento global.

Esta ampliación de frontera hacia escenarios extremos implica además condiciones laborales de mayor riesgo. Quienes trabajan en esos proyectos no sólo están expuestos a condiciones meteorológicas rigurosas -como sucede en las operaciones en el Ártico o en alta mar- sino también a la toxicidad de los insumos químicos utilizados, por ejemplo, durante fracturación hidráulica, o a los desarrollos biotecnológicos diseñados para incrementar los niveles de extracción y los procesos de transformación de hidrocarburos pero también a riesgos más altos de accidentes laborales por ejemplo por explosiones.

Por otra parte, el gas y el crudo alojados en yacimientos profundos y/o compactos, o ubicados en lugares remotos, demandan más infraestructura y despliegue logístico, tanto para llevarlos hasta la boca del pozo como para inyectarlos al mercado. Esto se traduce en la perforación de cientos y miles de pozos, el tendido de ductos, la instalación de compresores, tanques, etc.; en síntesis, una mayor ocupación territorial e industrialización de áreas rurales y del paisaje en general, y la expulsión de las poblaciones que no son funcionales al nuevo uso del espacio.

A ello se suma que cada barril obtenido de estas explotaciones requirió un mayor consumo de energía, es decir, su rendimiento es menor. Además, demandó mayores recursos financieros que las explotaciones convencionales, que en muchos llegan a la compañía en forma de subsidios estatales, ventajas impositivas y precios sostén, que son transferidos desde los bolsillos de la población.

Baja del precio del crudo y continuidad de los proyectos extremos

La caída sostenida del precio de crudo muy por debajo de los 100 dólares no se ha traducido en un automático golpe de timón de los gobiernos de la región en sus políticas petroleras, ni ha significado la inmediata inviabilidad de los proyectos de energía extrema en América Latina. Sin duda hay una desaceleración, pero en la medida en que no exista la decisión política y el nivel de movilización para avanzar en la desfosilización de la matriz energética y del modelo productivo (los hidrocarburos como insumo no energético), estos proyectos representan la nueva frontera ante el agotamiento global de los grandes yacimientos convencionales.

Para seguir en carrera las empresas apuestan a reducir la cadena de costos, es decir, despedir o promover el retiro voluntario personal, bajar salarios, eliminar conquistas laborales -beneficios no financieros: descansos, calidad de la alimentación, etc.), eliminar intermediarios, desarrollar y aplicar innovaciones tecnológicas, entre otras variables. También desde el sector corporativo presionan para que los favorezcan con ‘políticas de incentivo’ como subsidios, ventajas impositivas, y precios internos superiores a la cotización internacional. De esta manera se transfieren los costos financieros -además de los sociales y ambientales- a los usuarios, que pagan la energía y combustible más caros, como ocurre en Argentina. Por otra parte hay que tomar en cuenta que países como Ecuador y Venezuela han tomado préstamos de China respaldados con su crudo, lo que también define la marcha sostenida tanto sobre la Amazonía como sobre la Faja del Orinoco. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, son más de U$D 46.000 millones en créditos.

Las fronteras extremas de América Latina

Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno del shale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección. Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de campos de tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.

Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal, hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras. La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.

Por otra parte la francesa Total comenzó este año la perforación un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Atravesará 3.400 metros de “columna de agua” y otros 3.000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.

En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

Detrás de los discursos de salvación o abundancia con que son promocionados los diferentes proyectos de energía extrema en nuestros países, están las otras realidades arriba mencionadas. Con estas líneas damos apertura a una serie de artículos sobre el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado.

Este artículo es parte del proyecto Aportes para la crítica y acción contra las energías extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Global Greengrants Fund.