Félix Herrero*.- Varían las interpretaciones del contrato entre la empresa mixta YPF y la petrolera californiana Chevron, así como del decreto 929, denominado “Decreto Chevron”.
Para muchos son actos repentinos, decididos por la imposibilidad de seguir gastando reservas monetarias para importar energías. Para otros, entre los que me cuento, se trata deuna equivocada política petrolera ideada desde abril del año pasado.
La realidad había agravado la situación: el superávit comercial total era carcomido por los gastos de la importación energética, que este año superarán los 12.000 millones de dólares. No basta ya relatar desde el ministerio de Planificación que si EE.UU. y China, las dos principales potencias consumidoras de petróleo crudo del mundo, que desde la crisis de 1973 y el primer decenio de este siglo, respectivamente, se convirtieron en importadores netos, a la Argentina la situación no debiera preocuparle.
El Gobierno, responsable de la pérdida del autoabastecimiento de petróleo crudo y gas natural, ahora acuerda subvenciones desusadas en el planeta, otorgando beneficios añadidos a otro de orden judicial, que se hacen seductores para cualquier compañía que no se preocupe por la opinión de las poblaciones. Si hacemos un análisis detallado y sensato de los Decretos 927 y 929 (no enviados al Congreso), surge que posibilitan contratos superiores en beneficios a anteriores firmados por el país.
El carácter predeterminado y secreto del acuerdo con Chevron se advierte en los artículos del decreto y en la seguidilla de medidas dirigidas a atraer a Chevron, demandada en EE.UU., el Caribe y Ecuador por razones tributarias y ambientales. Hasta ahora, el carácter de confidencial del contrato permanece; ni lo devela el decreto 1208 del Ejecutivo neuquino que solicitó la aprobación legislativa del acuerdo YPF/Neuquén, que tácitamente lo incluye.
La “atracción y aceptación” de Chevron nace con la decisión de reemplazar a Repsol por una de las cuatro empresas privadas mayores que gestionan la política petrolera de los países consumidores: ExxonMobil, Chevron, Shell y BP, a las que se agregan las de servicios petroleros, Halliburton y Schlumberger, ambas operando en el fracking de Neuquén.
El cambio de política petrolera se inicia en abril de 2012 con la intervención y aún inconclusa expropiación de YPF, el informe Mosconi que “amenaza” con invertir 37.200 millones de dólares en cinco años (Chevron sólo se compromete a traer 500 millones en el primer año, ya que los 740 millones restantes son compensaciones que hará a YPF), la suba del precio del gas natural a 7,50 dólares el millón de BTU, las negociaciones entre los presidentes de la Nación y de YPF con el presidente de Chevron y su responsable de América latina y África, el fallo de la Corte desconociendo el embargo a Chevron por más de 19.000 millones de dólares, el blanqueo del Cedin que para el petróleo se conforma como bono BAADE por el cual se busca atraer inversiones del delito mundial, el dictado del Decreto 929 y después el 927 para eximir de impuestos a importaciones de equipamiento petrolero, la firma del desconocido acuerdo entre Chevron/YPF con normas anticonstitucionales. Estas medidas no son espontáneas ni decididas en función de los intereses generales de la Nación.
*Especialista energético de Proyecto Sur
