Por Eleanor Katz y Víctor Quilaqueo
GAJAT. Buenos Aires, agosto 2013
Si no trabajas en el mundo de la minería o de los derechos humanos, o con cierta proximidad a temáticas vinculadas con pueblos originarios, o inclusive si tus intereses primarios no son las inversiones extranjeras, es muy posible que no conozcas el nombre Newmont.
Pero Newmont Mining es una de las mineras de oro y metales preciosos más grandes en el mundo, por lo que merece nuestra atención. Esta empresa de billones de dólares en proyectos en todo el globo, cuenta con una historia larga y complicada en Latinoamérica.
En Perú se la conoce bien, su nombre circula de boca en boca y en los medios masivos de comunicación. Forma parte de la trayectoria económica y política de la última década y también se inscribe en los cuerpos de habitantes del campo y la ciudad. Es en la cordillera de Cajamarca donde Newmont y su proyecto Conga resuenan con mayor vigor. De hecho, su presencia ha catalizado conflictos que en el segundo semestre del 2011 hicieron a la región internacionalmente conocida por el Primer Paro Indefinido del 24 de noviembre al 4 de diciembre y que fue duramente reprimido por el régimen de Ollanta Humala, con un saldo de 17 heridos, un número importante de detenidos, a lo que se suma la militarización de la región y la suspensión temporal de las garantías constitucionales.
A las jornadas del Primer Paro le siguió el Segundo Paro Regional Indefinido, esta vez entre el 31 de mayo y el 4 de julio del 2012 la convocatoria multisectorial vivió numerosas muestras de solidaridad y participación, acompañadas a la vez de una brutal represión por medio de la acción conjunta dela Policía Nacionalde Perú (PNP) y el Ejército, que dieron como resultado 5 pobladores acribillados, una cincuentena de heridos, contusos, detenidos, un menor desaparecido y centenares de enjuiciados, amén de una nueva y contundente suspensión de garantías y libertades constitucionales. (1) A la luz de este resumido prontuario, es evidente la correlación de fuerzas que unen las actividades extractivas con la necesidad de disciplinamiento social llevada a cabo por fuerzas estatales.
¿Es algo nuevo en la historia reciente del Perú? Ciertamente no. Los hechos del 5 de junio del año 2009, que se rememoran como la masacre del Bagua o Baguazo, conmocionaron esta región dela Amazoníaperuana, sentando un triste precedente de 33 fallecidos, 200 heridos y la consiguiente criminalización del movimiento indígena que reivindicaba el derecho colectivo a la consulta previa en relación a una serie de medidas legislativas que, en favor del Tratado de Libre Comercio que el gobierno había suscrito con Estados Unidos, amenazaban seriamente la subsistencia y los recursos del territorio. (2)
Como puede colegirse, las relaciones entre el Estado, las empresas extractivas y los pueblos indígenas y campesinos del Perú atraviesan por una compleja etapa, caracterizada por diversos grados de tensión, negociaciones políticas y un renovado activismo. Ese es el contexto en que podemos localizar a Newmont y que ha marcado a fuego el impacto territorial de su presencia.
Newmont Mining se originó en Colorado, EE.UU., en 1916. Es una empresa de ricos de toda la vida, cuyos ingresos brutos rondan los 10 mil millones de dólares y que actualmente cotiza en bolsa con millones de dólares en inversiones en el extranjero. Es muy conocida por las páginas de revistas y diarios como Forbes y The Wall Street Journal, publicaciones que muchos de sus poderosos inversores leen. En su “Reporte anual de 2012” (3), publicado en inglés en marzo de 2013, Newmont estima que tiene reservas impresionantes de 99,2 millones de onzas en oro y una posición territorial agregada de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados (Newmont Annual Report: 2012 1), comparable a la superficie total de países como Irlanda o Panamá, o a la superficie de provincias como San Luis o Formosa en Argentina.
De acuerdo al informe anual consultado, Newmont tiene presencia en Norte y Sur América (Estados Unidos, México, Perú), en Asia Pacífico-Oceanía (Indonesia, Australia, Nueva Zelanda) y África (Ghana). En nuestra región su entrada se registra el año 1994 cuando compra la minera peruana Yanacocha por medio de la adquisición de la minera de capitales franceses Bureau de Recherches Géologiques e Minieres dando inicio a una sociedad de negocios con la minera peruana Buenaventura. Para el 2012, Newmont indica estar en posesión del 51,35% de Yanacocha.
Yanacocha y su dueño mayoritario, cobran protagonismo y visibilidad en relación a uno de los más ambiciosos proyectos de exploración y explotación aurífera de la región y que hoy conocemos bien por su rastro de violencia y resistencia en el llamado caso Conga, en la región norandina del Perú, en el departamento de Cajamarca. La tareas de exploración y relevamiento de metales preciosos en este lugar comenzaron el año 2004 y terminaron alrededor del 2008 (Newmont Annual Report: 2012 30). Convirtiéndose de paso en la operación de minería más grande de Latinoamérica.
Para muchos es evidente que la extracción de oro y otros metales es un proceso complejo y tecnificado, con diversos impactos y relaciones de diversa índole. Una de los cuales se vincula directamente con los territorios y formas de organización social de los pueblos en los cuales se desarrollan las tareas de extracción. En el caso de Newmont, su historia con tales comunidades en todo el mundo, y específicamente con las comunidades campesinas e indígenas en Cajamarca, registra un oscuro y tenso registro.
El caso Conga es un ejemplo perfecto de los problemas que suceden cuando una multinacional ignora la interacción y las relaciones con los pueblos originarios y campesinos en los territorios antes de comenzar sus proyectos. En su reporte anual de 2012 Newmont admite que el proyecto de megaminería que impulsa, es foco de múltiples protestas y resentimiento en las localidades.
De acuerdo al documento “Perú: Informe alternativo 2012. Sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”, elaborado por varias organizaciones indígenas del Perú, en colaboración con organismos de diversa índole, Cajamarca no sólo es una región andina muy rica en recursos naturales y con un denso tejido histórico-social, sino también es la quinta región del país con mayor cantidad de concesiones mineras (Informe alternativo: 2012 57).
Particularmente, el proyecto Conga se localiza aproximadamente a 70 kilómetros al noreste de la ciudad de Cajamarca, a casi600 kilómetrosde la base de poder nacional en Lima y discurre por la denominada ecorregión Jalca, en los distritos de Sorochuco y Huasmin, pertenecientes a la provincia de Celendín, y La Encañada, de la provincia de Cajamarca, a una altitud que va de los 3700 a los 4262 msnm, en las cabeceras de cinco cuencas hidrográficas. Abriendo dos enormes y profundos tajos o cráteres, Yanacocha/Newmont pretende extraer 180.000 toneladas diarias de rocas; de éstas, procesar diariamente 92.000 toneladas, con el propósito de obtener una producción anual de155 a235 millones de libras de cobre y de 580.000 a 680.000 onzas de oro, durante 19 años. Se ha informado que la inversión total sería de entre4.000 a4.800 millones de dólares estadounidenses. (4)
Junto a estas cifras y evocaciones de magnitud, la visibilidad del proyecto también se remarca en función de la situación geográfica, demográfica e histórica de la región, en efecto, las demandas y el activismo de la población indígena han ganado mucha atención internacional. Desde acá podemos analizar la relación de Newmont con los pueblos originarios que viven en Cajamarca y Celendín, y la verdad es que tal “relación” casi no existe.
En su Informe Anual, Newmont defiende sus prácticas en regiones como Cajamarca, y dice: “Conducimos nuestra actividades de exploración y minería de acuerdo a las concesiones garantizadas o, por una relación contractual con el gobierno anfitrión” (5) (Newmont Annual Report: 2012 7). Esto tiene sentido ambiguo: ¿qué quiere decir con relación contractual?
Es evidente que una empresa internacional requiere dialogar con los representantes de los poderes a nivel nacional para asegurar la legalidad de su proceder. De hecho, en el contexto actual, este encuentro para establecer su campo de operaciones debiese haber conducido a un proceso de consulta previa efectuado por el Estado. Al menos desde el Informe Anual, esta dimensión de su relación contractual queda completamente velada, en este sentido no sólo existen muy escasas referencias al plano local del mega proyecto Conga, sino también se ignora y oculta intencionadamente la relación con los pueblos originarios de otros emplazamientos a nivel mundial en que opera Newmont.
Un dato remarca lo anterior y es que en su informe de casi 200 páginas, la descripción del proyecto Conga ocupa apenas discretas cinco páginas, en las cuales no hay ninguna mención de la palabra indigenous, ni término semejante que sugiera la presencia o agencia de pueblos originarios.
En realidad, la única mención de la palabra “indigenous” en todo el documento es de una comunidad indígena en Australia, que recibió algunos pagos de regalías para la concesión a tierras donde tiene títulos (Newmont Annual Report: 2012 31). Esto es un ejemplo que demuestra que las poblaciones indígenas no están en la agenda de Newmont en ninguno de sus proyectos. Es obvio que estos pueblos fueron ignorados y siguen siéndolo.
Ahí está la ignorancia selectiva, el desentendimiento intencionado.
Esta falta de interacción con los pueblos originarios y también campesinos no indígenas en el caso Conga, se visibiliza fuertemente en las referidas jornadas de protesta y paro del año 2011-2012; así como también en los reiterados reclamos al Estado nacional por hacer cumplir y velar la ley de consulta previa.
El caso Conga no sólo tiene que ver con la falta de participación, consulta y consentimiento de los pueblos afectados, sino también con la enorme preocupación por los impactos de la industria extractiva en los recursos básicos de la zona, como son las lagunas y cursos de agua dulce que se verán completamente afectados y que, como es natural, amenazan el eslabón fundamental para las formas de vida en la región, sean estas urbanas o rurales, indígenas o campesinas. Este es el asunto que mayormente recalca la sociedad indígena movilizada en torno al conflicto y que una y otra vez debe hacer valer y poner en la arena pública.(6)
Desde el punto de vista de la minera Yanacocha, la aprobación en el año 2010 del “Estudio de Impacto Ambiental Semi-detallado” o EIA, realizado por Newmont en conjunto con el gobierno peruano justificó su acción en Cajamarca remarcando que “fue aprobado con una amplia participación ciudadana: siete mil personas en talleres y acciones informativas y cuatro mil en Audiencia Pública”. (7)
Pero lo que no queda claro es exactamente quiénes componían estos grupos de personas, dónde se desarrollaron estos talleres y audiencias. De otra parte, aquellos que se oponen al proyecto dicen que el EIA todavía necesita ser validado a través de un proceso de consulta específico. Dicen que ellos nunca fueron consultados, que el estudio es de precisión cuestionable, que el impacto ambiental sería muchísimo peor de lo que dice el reporte, y que intentos para dialogar con líderes de la comunidad casi no han existido antes del comienzo del proyecto en 2004 (Informe alternativo: 2012 58-59).
Un portavoz importante a favor de Yanacocha y Newmont es el presidente de la Compañíade Minas Buenaventura, Roque Benavides, quien citado en el diario La Repúblicaexpresa que el EIA es todo lo que ellos necesitan para comprobar que el proyecto es viable y categóricamente agrega: “Acá no hay nada que negociar: acá lo que hay es un Estudio Impacto Ambiental aprobado por ley” (Informe alternativo: 2012 59)
Esta cita representa bien la opinión terca de Newmont. En su informe anual de 2012, la minera estadounidense reconoce los disturbios en la región, a los que llama tibiamente “tensiones sociales y políticas” (8) cuando en realidad lo que sabemos es que el saldo del proyecto Conga en la región ha sido de varios muertos, un centenar de heridos, persecución policial y política, y un sinnúmero de violaciones a los derechos colectivos de indígenas y campesinos.
Al final del resumen del caso Conga en el Annual Report, Newmont dice que existe la posibilidad de abandonar el proyecto completo si la oposición no termina (Newmont Annual Report: 2012 21). En la misma línea que el informe, el ya citado Roque Benavides señala para un medio peruano que “el proyecto Conga en Cajamarca está en revaluación y se están haciendo los ajustes pertinentes para ver si sigue siendo rentable”. (9)
Esta es una maniobra conocida en varios países donde grupos económicos y políticos presionan a la sociedad civil para ceder en sus demandas. Para comprender la lógica de este tipo de compañías, no podemos ignorar las ideas y consensos que ellos buscan instalar por medio de sus publicaciones y presencia en medios de comunicación masivos.
Para encarar las oposiciones al proyecto Conga en relación con la disposición de los recursos hídricos, Newmont ha prometido construir una serie de embalses o reservorios de agua dulce, que dice van a proteger las fuentes de agua que serían intervenidas por el megaproyecto. Evidentemente, muchos líderes de los pueblos tienen dudas y resquemores, y esto no es sorprendente considerando la historia de maltratos y negociados con que se ha promovido el proyecto hace ya varios años. Además, algunos sospechan que estos embalses tendrían otros motivos, tales como la privatización del agua, dado que los reservorios construidos por Newmont con la venia del gobierno nacional, redundarían en la capacidad de regular y controlar el recurso por parte de la empresa.
Es evidente el desafío multidireccional de las organizaciones indígenas y no indígenas, al enfrentar estos enormes conglomerados; más aún cuando la presencia pública de un discurso de desarrollo extractivista pareciera copar la agenda noticiosa, sin embargo las mismas organizaciones han podido construir resistencias desde diversos lugares. Uno, el territorio propio, con marchas, cortes y asambleas; otro, los medios de comunicación alternativos, potenciados enormemente por las nuevas tecnologías de la información. Y un tercer camino, el institucional, que se alimenta de la lucha y la enrevesada trayectoria de los derechos colectivos para levantar la voz y la demanda frente al Estado y a favor del bien común.
Notas
1. http://peruanista.blogspot.com.ar/2011/11/luego-de-brutal-represion-policial.html
2. En torno a la masacre de Bagua o Baguazo, existe mucho material disponible, por ejemplo en www.servindi.org o también informes como el de James Anaya, en http://peruanista.blogspot.com.ar/2010/09/informe-de-seguimiento-de-la-masacre-de.html.
3. Disponible en http://www.newmont.com/sites/default/files/Newmont_2012_annual_report.pdf
5. “We conduct our mining and exploration activities pursuant to concession granted by, or under contract with, the host government.”
6. Una esclarecedora nota acerca de la destrucción de los ecosistemas lacustres de Cajamarca, en: http://www.ecoportal.net/content/view/full/106067/
7. El texto publicado por Yanacocha en su página, es una infografía llamada “Mentiras y verdades del proyecto Conga”, y puede ser visto en: http://www.yanacocha.com.pe/wp-content/uploads/Mentiras-y-Verdades-del-Proyecto-Conga2.pdf
8. “political and social unrest with adverse effects”
