La reciente intervención al interior de la Asamblea que reúne a parlamentarios de Europa y América Latina, conocida como Eurolat, mostró una vez más la unidad del movimiento global antifracking y la fortaleza de nuestros argumentos. Gracias al esfuerzo conjunto desde ambos lados del Atlántico, logramos cambiar el eje de la discusión en torno a un informe que en su redacción original buscaba promover esta degradante técnica. Esto permitió construir una plataforma para avanzar con una recomendación de moratoria al fracking en ambas regiones.
OPSur exponiendo en el encuentro Eurolat – Sociedad Civil /Julieta González
Felipe Gutiérrez (*) y Antoine Simon (**).- Cuando conocimos la existencia del informe sobre “oportunidades y desafíos del gas de esquisto” , desarrollado por la Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, nos generó una gran preocupación el tono que sostenía. Escrito por la eurodiputada española Pilar Ayuso (PP) y el representante colombiano Mauricio Gómez (PL), su redacción buscaba la promoción irrestricta de la técnica del fracking, llamando a los parlamentarios de ambas regiones a legislar en su favor. El reporte inicial tenía dos bases fundamentales:
– los cuestionados informes del gobierno de Estados Unidos que sostienen evaluaciones demasiado optimistas respecto de las reservas mundiales de gas y petróleo de lutitas/esquistos;
– la idea de que la experiencia de EE.UU. en torno a los no convencionales puede ser replicada, ignorando los numerosos obstáculos económicos, geológicos y ambientales observados en la mayoría de las otras regiones del mundo (omitiendo además las controversias ambientales que esa explotación generó en EE.UU.).
A pesar de que el Eurolat no es un espacio legislativo -de ese encuentro sólo emanan recomendaciones no vinculantes- consideramos crucial generar una alerta temprana, debido a que la aprobación de dicho informe hubiera constituido un primer antecedente de promoción pública al fracking en un espacio birregional. Por esto, junto a más de 200 organizaciones de 20 países de ambos continentes, elaboramos una carta de recomendaciones que hicimos llegar a los miembros del Eurolat antes de la reunión realizada en marzo en Ciudad de Panamá. A pesar de destacar algunos argumentos como la aplicación del principio precautorio y la propuesta de fortalecer instituciones de monitoreo, incorporados en el documento, llamamos la atención sobre el desbalance del texto que, entre otras cosas, obviaba el negativo impacto que esta técnica genera en el cambio climático, la compleja situación financiera que transita el sector -sobre todo a partir de la baja del precio del petróleo-, además del importante movimiento global que ha prohibido esta técnica en numerosos países, estados y municipios.
Ante esto hicimos una serie de recomendaciones que podemos sintetizar en tres argumentos principales. En primer lugar, llamamos a regular el doble estándar en el que incurren las empresas europeas al operar en América Latina. Un ejemplo de esto es el caso de la petrolera francesa Total, mientras en su país de origen el fracking está prohibido, en la Argentina, fractura incluso al interior de sitios de alto valor de conservación de una importante porción de flora y fauna de la Patagonia como es el Área Natural Protegida Auca Mahuida. La reacción de la empresa solo ocurrió después de que viajamos a su Junta de Accionistas en París para denunciar lo que están haciendo en la Patagonia, convocando a una reunión en Neuquén donde señaló que no volverían a fracturar dentro del área en el corto plazo. Este es sólo uno de las decenas de casos de cómo operan en América Latina las empresas transnacionales del sector.
Por otra parte consideramos que el Eurolat debe llamar a que se desarrollen consultas a las poblaciones locales, más aún cuando estas tienen derechos específicos que las resguardan, como es el caso de los pueblos indígenas. Esta consulta debe ser previa, es decir no debe hacerse sobre los hechos consumados, y debe darse de manera libre e informada. Finalmente, y basándonos en el principio precuatorio citado en la redacción original del texto, sostenemos que éste debe llamar a declarar una moratoria de la utilización del fracking en ambas regiones.
Con ese documento, que contenía recomendaciones y numerosas evidencias de los impactos ambientales de esta industria, iniciamos el contacto con decenas de diputados de ambas regiones. Nuestro trabajo tuvo eco en muchos de ellos, de distintas bancadas y países, lo que generó que se propusieran 177 enmiendas al reporte. La votación de estas enmiendas debía ocurrir a principios de junio, durante la reunión de Eurolat en Bruselas, sin embargo fue pospuesta luego de que los autores del texto inicial fueran tomados por sorpresa por la cantidad de enmiendas críticas.
El representante colombiano Mauricio Gómez (PL), visita Loma Campana junto a la senadora Lucila Crexell (MPN) /Facebook Sen. Crexell
La plataforma para una moratoria
Finalmente el informe fue abordado al interior de la Comisión de Desarrollo Sostenible, donde solo tuvo la defensa de sus redactores. Ayuso reconoció la importancia de “aplicar el principio precautorio” en la discusión energética, aunque advirtió que si el informe finalmente llamaba a una moratoria, ella quitaría su firma. Por su parte Gómez, relató una visita que hizo a la formación Vaca Muerta -coordinada por representantes argentinas del Eurolat- para luego sostener que “en Argentina, en materia de medio ambiente, no le ha pasado absolutamente nada con el fracking”. Finalmente agregó que los químicos utilizados en la fractura son los mismos que utilizan los dentistas.
“Yo tengo todos mis dientes y no precisé hacer fracking”, respondió el eurodiputado portugués José Inácio Faria (ALDE), quien llamó a la prudencia con la utilización de esta técnica. Por su parte el senador brasileño Roberto Requiao (PMDB) instó a considerar técnicas alternativas, mientras que el italiano Ignazio Corrao (EFDD) pidió no generar una “falsa dicotomía entre desarrollo y medio ambiente”. Uno a uno los demás miembros de la comisión fueron tomando la palabra para plantear sus diferencias con el informe. El senador chileno Alfonso de Urresti (PS) le recordó al diputado Gómez el impacto sobre las poblaciones mapuche que habitan sobre la formación Vaca Muerta en Argentina, llamando a aplicar la consulta previa en estos casos y a utilizar el principio precautorio para “no hacer experimentación en nuestros territorios”. En la misma línea se pronunciaron el portugués Carlos Zorrinho y el inglés Seb Dancce (ambos socialdemócratas), mientras que en favor de las enmiendas también se manifestaron los españoles Tania González Peñas de Podemos (GUE/NGL) y Ernest Urtasún (Verdes). “Queríamos traer este debate al Eurolat, quiero agradecer a las organizaciones que aportaron con su experiencia y su voz y nos ayudaron a hacer frente al fracking, que en este momento es una de las grandes amenazas medioambientales que tenemos”, señaló Urtasún. Y agregó: “Si el texto sale aprobado tal y como está sería un desastre. No lo vamos a permitir, vamos a luchar para que eso no sea así”.
El debate en comisión demostró que hubo un giro en 180 grados de la discusión, a partir de nuestras intervenciones y las enmiendas propuestas. Esto sienta un precedente muy importante, y nos permite avanzar hacia la búsqueda de la prohibición fracking en ambas regiones. Aunque no significa detener la expansión de la industria no convencional, sienta un precedente y demuestra que nuestro trabajo conjunto puede tener un impacto en el más alto nivel del proceso de toma de decisiones. Creemos que ese trabajo puede ser una de las claves para ganar esta batalla.
(*) Observatorio Petrolero Sur, Argentina (**) Amigos de la Tierra Europa.
