Energía y desarrollo en tiempos de ajuste, otros debates en el sistema de ciencia y técnica

En la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación, el ministro del área, Lino Barañao, arremetió contra quienes desde el ámbito socioambiental cuestionan el extractivismo. “La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”, fustigó, negándole asidero a esas críticas y asumiendo como conocimiento científico, válido, sólo aquel funcional al modelo. Sin embargo en el sistema nacional de ciencia y técnica también hay quienes enfrentan las posiciones hegemónicas y plantean un diálogo abierto con la comunidad para constriuir alternativas. Ejemplo de ello son las trabajadoras y trabajadores del INTI, que en el marco del conflicto por despidos masivos en el organismo, convocaron en Neuquén al conjunto de la sociedad a debatir otros rumbos. Compartimos la intervención que realizamos cuando nos invitaron a Pensar energía y desarrollo en contexto de ajuste.

Por Hernán Scandizzo¹

En 2012, en el marco de un conflicto con la dirección del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las trabajadoras y trabajadores promovieron ámbitos de debate en la sede de Buenos Aires e invitaron a participar al Observatorio Petrolero Sur (OPSur). En aquella oportunidad destacamos el lugar central que tiene un organismo de la jerarquía del INTI para pensar y materializar -con el conjunto de la sociedad- el desarrollo tecnológico que demanda la transición hacia una matriz energética diversificada, limpia, democrática y descentralizada. Es decir, la relevancia y la necesidad de contar con un organismo como el INTI para la construcción de la Soberanía Energética. Han pasado más de cinco años y nuevamente las trabajadoras y trabajadores deben dar batalla ante los intentos gubernamentales de reducir el INTI a su mínima expresión. Y otra vez, ante una coyuntura adversa, convocan a proyectar colectivamente a pensar otros futuros, a resistir construyendo. En esta oportunidad, nos invitan para Pensar energía y desarrollo en contexto de ajuste. Un desafío mayúsculo, por lo complejo del binomio energía y desarrollo en sí, y más aún, en tiempos del empresario presidente Mauricio Macri.

Para empezar sería conveniente preguntarnos qué entendemos por desarrollo. Si lo entendemos como una continuidad -incluso sujeto a reformas- del modelo de crecimiento infinito en un planeta finito; o si entendemos que ese término alude a la vía para posibilitar una vida digna, con igualdad de oportunidades para realización individual y colectiva, asumiendo los límites del metabolismo planetario. En el OPSur queremos darle esta segunda interpretación, a pesar de que el término desarrollo para algunas corrientes de pensamiento ya no merece ser “rescatado” como una aspiración colectiva positiva.² Ante esta invitación decidimos interpretar el término como la vía para construir otros horizontes civilizatorios, que a largo y ancho del planeta y de los pueblos se expresa con diferentes nombres y variables; enraizadas en los pueblos originarios del continente como el Sumak Kawsay, Kvme Felen, Suma Qamaña, Buen Vivir; o surgidas de las corrientes que marcaron las revoluciones del siglo XX, como el ecosocialismo.

Entendemos, entonces, que el desafío es pensar la energía en función de esos horizontes y no del extractivismo, por ejemplo, no pensar la energía como fuerza motriz para la megaminería. El proyecto minero La Alumbrera, en 2012, fue el mayor consumidor individual de energía eléctrica de Argentina, representó el 86% del consumo de Catamarca y el 35% del consumo industrial de todo el Noroeste del país. Una demanda que no guardó relación con los puestos de trabajo generados ni con los beneficios para las arcas provinciales; menos aún con la inocuidad ambiental publicitada. En 1993, Minera Alumbrera aseguraba que crearía 10.000 puestos de trabajo, mano de obra directa. Sin embargo, durante la fase de construcción de la mina, el momento de mayor demanda, se crearon 4.000 puestos de trabajo, según un informe publicado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Mientras que un estudio de la Universidad Nacional de San Martín, publicado en 2004, estableció que el empleo directo fue de 831, 795 y 894 puestos de trabajo para los años 2000, 2001, y 2002 respectivamente. Un cuadro que se completa con el marco regulatorio, reformado en la década de 1990, garantiza la apropiación privada de la renta.³ No queremos pensar la energía para seguir sosteniendo esa vía.

Es necesario también preguntarnos energía para qué, al plantear la promoción de la actividad industrial para reducir la incidencia del sector primario en la economía del país, es decir, para romper con el modelo dependiente del saqueo de los bienes comunes naturales. Por ejemplo, vale preguntarse si sería una alternativa promover la radicación de una planta para el procesamiento de aluminio primario, como lo es Aluar, instalada en Puerto Madryn desde la década de 1970.⁴ Si bien ésta genera en forma directa más de 2.300 puestos de trabajo,⁵ su consumo eléctrico equivale al de una ciudad de más de un millón y medio de habitantes. Según proyecciones del INDEC, para 2017, la población de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, ascendía a 2.793.760; es decir que el consumo de Aluar equivale a casi el 54% de lo que consume el total de los habitantes de las provincias patagónicas. Mientras que si tomamos como referencia sólo a Chubut, la planta de aluminio primario casi triplica el consumo de toda su población, estimada en 637.913 habitantes.⁶ Aluar abastece el mercado interno y el resto de su producción, el 73%, se exporta. Y vale la pena dar el debate porque de avanzarse con la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, se baraja promover la instalación de otra planta de tratamiento de aluminio primario, cuya producción no demanda el mercado interno, por lo que tendría como destino la exportación. Internalizando nuevamente el conjunto de la sociedad y la naturaleza los impactos de la generación de la energía y de la transformación del aluminio.⁷

Pero además de pensar para qué modelo productivo generamos energía, también creemos que es necesario asumir el acceso a la energía como un derecho básico, dado que impacta directamente en nuestras condiciones de vida. La energía como derecho y no como una mercancía, también implica determinar qué cuota de energía es necesaria para la reproducción digna de la vida, y cómo esa cantidad se vincula con el dinero y el mercado, es decir, si esa cuota podría recibirse sin pago alguno o no. Y asumir el acceso a la energía como un derecho básico resulta imprescindible en este contexto de aumento de las tarifas al consumo doméstico, cuyo impacto se acentuó con la quita del subsido al consumo energético, que era una forma de apropiación de renta por el conjunto de la población. Esto genera un incremento de la pobreza energética. Es decir, cada vez a los sectores de la población de menos ingresos, le insume una porción mayor de sus ingresos el acceder a la energía. Hay una transferencia de recursos de quienes menos tienen hacia los sectores más concentrado de la economía, como es el energético. Y esto queda a la vista cuando se estima que el aumento del gas en abril rondará el 40%, mientras el Ejecutivo Nacional pretende fijar la suba salarial en 15%. Son los sectores de menor poder adquisitivo los que hacen el mayor esfuerzo para abonar los tarifazos.⁸

Otro aspecto fundamental es asumir los impactos sociales y ambientales de la generación de energía, y no evitar la discusión con una cerrada negativa de la existencia de estos. Es necesario pensar el manejo de las fuentes para el contexto de crisis civilizatoria, no se lo puede pensar del mismo modo que décadas atrás, cuando la crisis no estaba planteada como en los términos actuales. La explotación del gas y petróleo contenido en Vaca Muerta es presentada como una oportunidad irrepetible de generación de divisas y “progreso”; pero también es una bomba de gases de efecto invernadero, cuya liberación a la atmósfera agravaría el problema del calentamiento global. Eso no puede ser obviado, no se trata de un detalle irrelevante. Los recursos totales estimados de la formación Vaca Muerta, junto a su similar Los Molles, ascienden a 19.900 millones de barriles de petróleo y 583 billones de pies cúbicos de gas, que representan alrededor de 50 mil millones de toneladas de CO_2.⁹ Para tener un valor de referencia, el promedio anual de emisiones de dióxido de carbono per cápita en Argentina es de 4,58 toneladas.¹⁰

Cabe recordar que ya en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Cancún, México, en 2010, la comunidad internacional acordó limitar el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Para tener una probabilidad del 50 % de mantener la temperatura por debajo de este límite, el contenido de CO² en la atmósfera debe ser mantenido en 450 partes por millón. Avanzar seriamente hacia esa meta es posible sólo si el 88 % de las reservas de carbón actualmente confirmados permanecen en el subsuelo, junto a una tercera parte del crudo y la mitad de las reservas de gas natural.¹¹

Promover la desfosilización de la matriz energética ya no sólo forma parte del repertorio ecologista, es una necesidad para alcanzar las metas que se fijan en las cumbres climáticas internacionales, donde intervienen la mayoría de los gobiernos. Es una discusión que está planteada en el seno del capitalismo, en 2017 el Banco Mundial anunció que desde 2019 no financiaría proyectos de gas y petróleo, aunque no descarta excepciones para atender cuestiones energéticas de países en desarrollo.¹² Que en nuestro país esta discusión no tenga un alcance masivo no significa que Vaca Muerta quede al margen de las metas climáticas y de las medidas que se tomen para alcanzarlas.

Es claro que la desfosilización de la matriz energética no sucede de un día para otro, que quizá por los próximos 40 años, el consumo de hidrocarburos siga siendo preponderante en la matriz, pero no podemos permitirnos pensar que con la sola disponibilidad de hidrocarburos tenemos garantizada la prosperidad de la cuenca Neuquina y la Argentina toda, dado que no se piensa en Vaca Muerta en términos de autoabastecimiento sino como la vía directa a la abundancia. Más que partir de la certeza de que tenemos la vaca atada, sería sensato contemplar la posibilidad de que en realidad la vaca está muerta, imaginar, promover otros horizontes productivos.

Sería saludable, también, por un momento, abrir la vista al mundo y asumir que Vaca Muerta no es el único mega reservorio de hidrocarburos que existe a nivel global. En el portafolio de proyectos de las trasnacionales que operan en el país, no necesariamente Vaca Muerta es el negocio más tentador. Entonces es necesario salir de la euforia y evaluar el proceso de transformación territorial que se está dando en el norte de la Patagonia para que desembarque una actividad cuyo alcance no se define en nuestro país. Es decir, se realizan ajustes espaciales aquí en función de decisiones finales que se toman en otros lugares, a varios miles de kilómetros, ni siquiera en Buenos Aires.

En los últimos 20 años, en más de una oportunidad el gobierno neuquino planteó, por ejemplo, la necesidad de la diversificación de la matriz productiva, ante la caída del horizonte de reservas y/o la merma de ingresos por la baja en la cotización de los hidrocarburos. Incluso en la segunda mitad de la década de 1990, en tiempos del Plan Neuquén 2020, cuando se impulsaba la diversificación con eje en la agroindustria,¹³ se advirtió que los impactos de la producción de hidrocarburos sobre el agua y el suelo imponían límites a esas aspiraciones. “Las emergencias ambientales -sostenía el informe- constituyen una evidente desarticulación en la relación sociedad–naturaleza, ya que resultan de la no consideración de la constante interacción entre los aspectos naturales, sociales, económicos y políticos referidos a la elevación de la calidad de vida. (…) [Esas] situaciones limitan y devalúan el efecto beneficioso de las actividades económicas para la provincia y amenazan las condiciones para un desarrollo sustentable, hecho agravado por la no renovabilidad de los recursos hidrocarburíferos”.¹⁴

En 2006 también lo advirtió el COPADE en el Plan Estratégico Territorial, Argentina 2016. Y fue reiterado en 2010, en el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación del territorio del PNUD, realizado en el marco del Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial del Ministerio de Planificación de Federal de la Nación. “Los procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos”.¹⁵

Sin embargo cuando los sectores críticos al desarrollo masivo de yacimientos no convencionales como la única vía para el “desarrollo” de Neuquén y Argentina, pusieron reparos, en sintonía con lo expresado años antes por el COPADE y el PNUD, éstos fueron caricaturizados desde ámbitos gubernamentales. Si en ese momento considerábamos central recordar las advertencias hechas por esos organismos, hoy todavía más lo ambiental debe ser central, dado que los contextos de ajuste, históricamente, implicaron dejar hacer a las empresas para reducir costos. Porque esa es la otra cara de la moneda, se ajusta por el lado de los y las trabajadoras y se relajan los controles ambientales.

Las consecuencias de ese dejar hacer son conocidas y de tanto en tanto emergen en los discursos oficiales en momentos en que desde el Estado se intenta presionar a las empresas en el marco de alguna negociación: prórrogas de contratos, pago de indemnizaciones por expropiaciones… En esas instancias se ponen sobre la mesa de negociación los daños y pasivos ambientales generados por las empresas, a pesar de existir una legislación ambiental aplicable y mecanismos públicos de control y fiscalización. Y no es un problema exclusivo de Neuquén, meses atrás, en el marco de una actividad organizada por las universidades Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y Kassel (Alemania), en Comodoro Rivadavia, el ministro de Ambiente de Chubut, Ignacio Agulleiro, afirmó: “el poder político siempre definió que lo principal era la producción y no la remediación de los pasivos”.¹⁶ Más allá de ser algo ‘sabido’, no dejaba de ser novedosa la confesión de parte.

Por otra parte, la promoción de Vaca Muerta como la gran posibilidad de dinamizar la economía del país, atrajo a la región contingentes de trabajadores que, en el marco del lento despegue de la explotación de no convencionales, no encuentran empleo. Esto ha dado lugar a la paradoja de que en Neuquén, que recibe la mayor parte de las inversiones en el sector petrolero en el país, se registran peores indicadores sociales que en Comodoro Rivadavia, donde se vive una retracción de la actividad por la merma de inversiones y trabajadores del sector se trasladan a los yacimientos del norte de la Patagonia, no siempre con contratos asegurados. A esa conclusión arribaron Silvya Bucci y César Herrera, investigadores del Observatorio Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, luego analizar estadísticas del Indec y del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina del primer semestre de 2017.¹⁷ Si bien recientemente se conocieron nuevas mediciones con reducción de los índices, la tendencia se mantiene.

No podemos pensar la energía en un contexto de ajuste escindida de quienes la generan, a las personas que hacen posible que ésta fluya. La flexibilización laboral en el sector hidrocarburífero a través de la adenda del Convenio Colectivo de Trabajo, que se tradujo en una pérdida de ingresos y condiciones de trabajo, a cambio de la promesa de reactivación del sector. Tiempo atrás, en una entrevista a Sirley García, titular de la Secretaría de la Mujer del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, planteaba que en tiempos de baja del precio del barril de petróleo “se recortan las normas de seguridad para garantizar la rentabilidad”.¹⁸

En un contexto de ajuste, donde además de la flexibilización de las condiciones de trabajo, se producen despidos y jubilaciones anticipadas, las demandas de empleo de los sectores desocupados son una consecuencia directa. Una situación que se potencia con la llegada de trabajadoras y trabajadores de otros puntos del país atraídos por la promesa de bienestar con que se asocia a Vaca Muerta. Un conflicto social que además es presentado por las empresas como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Vaca Muerta, el otro son las demandas territoriales de las comunidades mapuche. En junio de 2017 la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) pidió terminar con los bloqueos a los yacimientos porque “perjudican a la economía de la región”, destacando que veían “con preocupación la última serie de medidas adoptadas por líderes de las comunidades Kaxipayiñ y Campo Maripe en áreas productivas de Neuquén”.¹⁹ “La CEPH hace un llamado a la reflexión e insta a los líderes de las comunidades a mantener la paz social como condición indispensable para el desarrollo de una actividad estratégica para el abastecimiento energético del país”, demandaba la entidad que agrupa a más de 30 empresas líderes del sector petrolero del país.

En sintonía, desde la prensa regional, se presentó a las demandas mapuche como una de las causales del estancamiento de Vaca Muerta y la caída de puestos de trabajo, en un contexto de cortes de ruta en demanda de puestos de trabajo.²⁰ Echando combustible al fuego, y dirigiendo las responsabilidades sobre el eslabón más débil de la cadena, evitando analizar las responsabilidades tanto de las autoridades públicas como de las empresas en la generación de los conflictos.²¹

En ese marco de tensión, desde el gobierno nacional está claro en base a qué doctrina pretende resolver los conflictos sociales. Por eso también las alarmas que encendieron los intentos de calificar las demandas territoriales mapuche con actos de terrorismo, y la reciente decisión de incrementar la presencia de Gendarmería Nacional tanto en Neuquén, con acceso rápido a Vaca Muerta, como también en Comodoro Rivadavia, cabecera de la cuenca del Golfo San Jorge.

Más que plantear respuestas, la convocatoria a Pensar energía y desarrollo en contexto de ajuste, nos lleva a preguntarnos energía para qué desarrollo e intentar pensar el ajuste en varios órdenes, en relación a los derechos laborales, los derechos territoriales, el derecho a gozar de un ambiente sano -que ya no se puede seguir diciendo que es una demanda de “panzas llenas” dado que es imposible pretender calidad de vida en un ambiente tóxico, degradado. Para pensar y avanzar hacia esos otros futuros son muy necesarios los organismos de ciencia y técnica que planteen miradas y propuestas divergentes a la investigación modelada por el interés de lucro por parte de empresas trasnacionales, como en muchos sentidos hacen las y los trabajadores del INTI y la Universidad Nacional del Comahue.

Notas