La propuesta de transición energética a un año de la asunción de Gustavo Petro: desde la campaña hasta las políticas públicas y la agenda del movimiento socioambiental.
Por Rosaura Barletta para la séptima edición de la revista Fractura Expuesta / Observatorio Petrolero Sur
“Le propongo al Gobierno de los Estados Unidos y a todos los Gobiernos de América sentarnos a dialogar para asentar los pasos de la transición energética, de la construcción de una economía descarbonizada, de la construcción de una economía de la vida en toda América” (1), planteaba Gustavo Petro en junio de 2022 luego de la victoria electoral que lo llevó a la presidencia de Colombia.
La propuesta inicial del Gobierno era avanzar en cinco ejes (2): invertir en energías limpias y descarbonización; avanzar en la sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles; aumentar la eficiencia energética; revisar el marco regulatorio para la generación de energías limpias e impulsar la reindustrialización de la economía colombiana. Lo que vino después es una etapa que sigue siendo compleja. Las energías comunitarias, los territorios que disputan el derecho a una vida digna, los sindicatos de la energía y diferentes organizaciones socioambientales dialogan con el Gobierno y buscan llenar de sentido un proceso clave para la historia de Colombia. Se trata de un diálogo que implica tensiones, en particular con sectores políticos y empresarios que no aceptan que sus intereses se pongan en juego.
Fuente: Plan Energético Nacional (2022-2052). Unidad de Planeación Minero-Energética, Gobierno de Colombia.
Los combustibles fósiles representan el 77 % de la matriz energética de Colombia. En ese contexto, la mayor apuesta de Petro fue suspender las concesiones de nuevas áreas de exploración hidrocarburífera, medida que se cumple desde su asunción. Para Andrés Gómez, de Censat Agua Viva, “lo más importante que logró el Gobierno son avances en el diagnóstico, la posibilidad de ampliar el panorama de una transición energética de los combustibles fósiles” (3).
El punto de partida fue la elaboración colectiva de dos documentos de diagnóstico y proyección. “Varios de nosotros empezamos a trabajar y a pensar cómo se podría materializar esta idea de transición”, contó Tatiana Roa Avendaño, de Censat Agua Viva, en el taller virtual Energía, Economía y Ambiente, organizado por OPSur y Latfem en junio pasado (4). Con aportes de organizaciones ambientalistas, sindicatos de la energía y comunidades locales que vienen planteando la necesidad de avanzar en una transición, se construyó una propuesta de desescalamiento de las actividades petroleras a 15 años. Tal como explicaron, sería ilógico que se cerrara todo de un momento a otro con los niveles actuales de dependencia fósil.
El concepto de “economía para la vida” está a la cabeza del documento Disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia: entre el cambio cultural y la gestión participativa de la demanda, elaborado por el conjunto de organizaciones. Desde esa perspectiva, proponen que los proyectos fósiles en curso financien la infraestructura para avanzar en una matriz de generación con fuentes renovables.
La propuesta plantea no realizar nuevas campañas exploratorias de hidrocarburos y avanzar en diseños urbanos, mejoramiento del transporte y nuevos modos de consumo que permitan el avance de la transición ante un régimen que, según afirma Censat Agua Viva, “excreta petróleo”. El documento contempla también la necesidad de que exista una red de alianzas en el Sur Global, indispensable para instalar el debate de la deuda ecológica y la compensación a los países vulnerables.
“Lanzamos el texto en noviembre de 2022, a pocos meses de la llegada de Petro al Gobierno. Traía la inercia de este gran aparato de discusión. Luego se hizo un segundo intento con el lanzamiento de la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, publicada en 2023”, explica Gómez. En este nuevo aporte, el Ministerio de Minas y Energía colombiano propone cuatro ejes centrales para seguir discutiendo la transición: los diálogos sociales y las experiencias de diferentes sectores, un diagnóstico de la matriz actual y abordajes sobre la mitigación del cambio climático, escenarios posibles ante el aumento de renovables y el decrecimiento de fósiles, y un mapa energético para identificar potencialidades de la transición (principalmente hidrógeno verde e hidroelectricidad). Tras la publicación de los cuatro textos de la Hoja de Ruta, se otorgó un plazo para recibir observaciones y comentarios de la ciudadanía.
No es sencillo representarse, en Argentina, cómo diferentes sectores organizados de la sociedad pueden discutir la política energética con un Gobierno y socializar conclusiones con aportes de la ciudadanía. “Un espacio orgánico —explica Gómez— es el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, que permite una incidencia directa en estas políticas”. El Consejo es un organismo de carácter consultivo independiente y ajeno a intereses partidistas, con diálogos colectivos y autonomía de decisión, y lo integran organizaciones con amplia trayectoria de trabajo en el tema de transición energética, que buscan incidir en la construcción de las políticas públicas e impulsar acciones concretas en esta materia.
Obstinación fósil
El movimiento socioambiental colombiano entiende que la transición implica una transformación sustancial para la matriz energética: “Hay resistencia del poder económico y de los medios masivos de comunicación a las propuestas de transición, y se inscribe en un plan más amplio de desestabilización del gobierno”, asegura Gómez. La oposición a la propuesta no está solo afuera, sino también dentro del Gobierno. “Son sectores que ostentan el poder económico, y para los que el extractivismo de fósiles es fundamental. Han sido la institucionalidad de las últimas décadas en Colombia. Se resisten a dejar estos negocios y avanzar en este proceso que, al contrario de lo que se asume, tiene mucho asidero económico”, agrega. La exportación de petróleo representa hoy el 60 % de los ingresos del país.
Aun con la oposición de grupos de poder, hay claridad sobre la necesidad de dejar los hidrocarburos en el subsuelo. Las bajas reservas de petróleo (5) y de gas, combinadas con la alta dependencia, muestran que no es viable sostener los niveles de extracción.
Los derechos que se pelean en comunidad
La Alianza Colombia Libre de Fracking, integrada por más de 100 organizaciones, impulsa debates energéticos desde 2012 y ha logrado dialogar con la opinión pública. Gómez recuerda que en esos años Petro apoyó, como congresista, la lucha antifracking.
Sobre los procesos comunitarios emergentes, “se trató de dar con el Gobierno una discusión compleja que no tuvo la capacidad suficiente de diferenciación de dos sectores”, advierte Gómez. Los dos sectores son las comunidades energéticas y las energías comunitarias. Al cierre de esta nota hay un decreto en trámite, abierto aún a comentarios de la ciudadanía, sobre comunidades energéticas, espacios que tienen una intención de formalizar y crear instancias de participación oficial. Hacia esa formalización apunta la medida, que ofrecería financiamiento, formación y mantenimiento de infraestructuras, entre otros aspectos.
En palabras de Tatiana Roa Avendaño, “el de comunidades energéticas es un concepto más europeo, ligado a formas de organización para generar energía en contextos culturalmente diferentes a los nuestros”. En esto se diferencian de las energías comunitarias, que no necesariamente quieren formalizar o crear empresas, que no siempre logran insertarse con su propia identidad en este escenario de transición y que tienen una perspectiva profunda y de mirada sistémica. “Las energías comunitarias son un conjunto de conocimientos, prácticas y procesos de cambio en la producción y consumo de energías y alimentos, que respetan todas las formas de vida presentes en el planeta y que aportan en la mitigación de la crisis climática y en la reconstrucción del tejido social”, explica Censat Agua Viva.
Hay otras iniciativas de política pública, como en el caso de La Guajira, región colombiana declarada en Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. El ministerio de Minas y Energía emitió el Decreto 1276, que habilita un régimen tarifario especial y transitorio, y da prioridad al desarrollo de energías renovables en la zona. “En La Guajira se asienta la nación wayúu, el pueblo indígena más numeroso de Colombia, y allí hubo procesos muy complejos de emulación del mismo modelo de proyecto extractivo [para la promoción de proyectos renovables], pasando por encima de derechos, sin consulta previa”, advierte Gómez. “La lógica extractiva se mantiene [en una región marcada por la explotación de carbón]. Este conflicto se arrastra desde la gestión anterior, de Iván Duque, y hubo intentos de Petro de destrabarlo. Hay una idea de que la Guajira es un desierto”, asegura.
La nación wayúu atravesó y atraviesa diversas disputas relacionadas con el derecho a una vida digna frente a la lógica energívora. En un caso emblemático, llevaron ante la Corte Constitucional colombiana su reclamo contra un proyecto minero carbonífero de la compañía suiza Glencore (6), que, según denuncian, provoca la contaminación del agua, la proliferación de enfermedades respiratorias y el agrietamiento de las casas a causa de explosiones, entre otros impactos. La compañía tiene contratos de explotación por más de diez años, y el presidente Petro aún intenta lograr un acuerdo para acotar sus operaciones, al tiempo que mantiene limitada la posibilidad de comenzar nuevos proyectos de explotación minera en La Guajira.
- La discusión pública democratiza la transformación
El componente propositivo de las intervenciones en este proceso de transición está ligado a una tradición en la búsqueda de alternativas de las organizaciones que discuten el sistema energético en Colombia. La comprensión de la soberanía energética hizo que permeara una idea contundente: hay economías para la vida y economías para la muerte. Con esa perspectiva, las comunidades nutrieron el programa del Gobierno y siguen incidiendo en las políticas públicas.
Pero no todos debates (sobre los matices) están saldados: el Ministerio de Minas y Energía, los gremios petroleros y algunas otras organizaciones posicionan el gas como combustible puente a la transición, pero otros espacios del ambientalismo cuestionan que esta opción sea una salida posible. “Las reservas vienen en caída desde hace más de 30 años. La frontera más promisoria para la industria es la marina. Ahí tienen grandes expectativas. Especialmente en el gas, pero creemos que el gas no es un combustible de transición”, advierte Roa Avendaño.
“Las luchas contra los extractivismos han estado siempre presentes en Colombia; el movimiento ambientalista es fuerte, alimentado de activistas, pensadores, pensadoras”, celebra Gómez. “Es muy relevante para nosotros un concepto de las comunidades indígenas wayúu: el petróleo mantiene los equilibrios como sangre de la tierra. Y su extracción significa el desangre de la Madre Tierra”.
1.- Newsroom Infobae, “Petro propone diálogo de América Latina con EE. UU. sobre transición energética”, Infobae, 19 de junio de 2022. Disponible en línea.
2.- Ministerio de Minas y Energía, “Una Transición Energética Justa y Sostenible”, 15 de marzo de 2023. Disponible en línea.
3.- Todas las citas de Andrés Gómez están tomadas de una entrevista personal con la autora.
4.- Todos los testimonios de Tatiana Roa Avendaño están tomados del taller citado.
5.- Hasta diciembre de 2022, las reservas probadas de petróleo en el país se situaron en 2100 millones de barriles (Gbl), lo que representa una relación reservas/producción de 7,5 años. Las reservas probables y posibles fueron de 0,7 Gbl y 0,6 Gbl, respectivamente, cifras similares al año anterior. Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Subdirección de Demanda, “Actualización Plan Energético Nacional (PEN) 2022-2052. Tomo I”, junio 2023. Disponible en línea.
6.- Paula Llana, “Megaminería y contaminación en Colombia: las mujeres wayúu luchan por el agua y el territorio”, Página/12, 23 de marzo de 2023. Disponible en línea.
