“Por la construcción de nuevos órdenes socioambientales”
Nos encontramos reunidos en Fiske Menuco (General Roca) docentes de toda la provincia de Río Negro, delegados y delegadas sindicales, militantes ambientales, representantes de la ciencia y la investigación, trabajadores y trabajadoras que nos sentimos convocados por la creciente degradación y conflictividad ambiental en nuestros territorios, agravada por la ejecución de proyectos extractivos impuestos a nuestros pueblos por el modelo de producción y saqueo hegemónico.
Durante dos días profundizamos el análisis de las situaciones que agravian a nuestra provincia y región, a nuestras comunidades, nuestros estudiantes, nuestros vecinos, compartimos experiencias, reforzamos vínculos, definimos estrategias y propuestas de acción colectivas que favorezcan la construcción de nuevas miradas, nuevas subjetividades, nuevas formas de convivencia con la Naturaleza, y entre nosotros y nosotras, hombres y mujeres que habitamos este territorio.
Aspiramos a nuevos escenarios ambientales, donde el respeto por la vida y el ejercicio efectivo del derecho a un ambiente sano, de todos los seres que habitamos este Planeta sean los valores esenciales en que se funde un nuevo paradigma que organice nuestra comunidad. Haber trastocado estos valores sometiéndolos en función de los intereses de los sectores privilegiados ha conducido a la acumulación de capital y el lucro como único proyecto civilizatorio económico-político-cultural que se ha sostenido en la explotación de seres humanos y naturaleza, provocando desigualdad, destrucción, e infortunio sin fin.
Vivimos en un territorio que es ríos, que es bosques, que es estepa, que es mar, que es viento… y que también es historia, es cultura, es identidad, es proyecto de vida. El sistema impuesto históricamente en la región ha destruido culturas, masacrado pueblos, fragmentado el territorio. Miradas que ven un “desierto” a ser conquistado, desdeñan la diversidad, fragmentan y mercantilizan la vida, sostenidas por los intereses y el accionar político que confluyen en profundizar un modelo de expoliación de los bienes comunes disfrazado de “progreso”.
Rechazamos este tipo de argumentaciones. Sostenemos que los proyectos que buscan impulsarse en la provincia (mega-minería, expansión hidrocarburífera, agronegocios, sobre explotación pesquera, entre otros) lejos del bienestar social esgrimido, depredan bienes naturales; contaminan agua, el suelo y atmósfera, a veces de manera irreversible; producen profundos desequilibrios sociales; vulneran derechos territoriales de comunidades y pueblos originarios; atentan contra la autonomía y autodeterminación; y generan graves consecuencias para la salud de las personas y los ecosistemas.
Estos proyectos vienen impulsados por los intereses de los poderes económicos y la connivencia de los funcionarios de turno. El estado facilita en casi todos los casos y aún en contra de las comunidades, la concreción de proyectos contaminantes, por ejemplo, hace cuatro años, la legislatura provincial derogó la “Ley Anti-cianuro” (N° 3981) que regulaba la actividad minera, en contra de la voluntad popular y a favor de las empresas del sector.
Simultáneamente, el poder económico despliega una variada gama de estrategias de cooptación. Opera sobre los espacios académicos, de investigación, educativos y los medios de comunicación para condicionar la construcción y difusión del conocimiento.
En ese sentido, en nuestra provincia, señalamos la creación de una Tecnicatura en Minería, con orientación extractivista, en Jacobacci, donde hace años que la comunidad se opone al proyecto de minería de oro de Calcatreu. También, el dictado de cursos de formación docente sobre “Educación energética y ambiental” organizados en Bariloche, por la Fundación YPF y el Ministerio de Educación, al tiempo que en la provincia crece la resistencia al avance de la explotación hidrocarburífera.
Un sistema con graves costos humanos y ecológicos, cuyas consecuencias se ocultan, se niegan, minimizan en un procedimiento que incluye la descalificación y cuestionamiento a nuestros investigadores y su abundante corroboración científica.
Nuestra producción frutihortícola se ve seriamente dañada por los mismos intereses. Avanza la explotación hidrocarburífera, el fracking y la especulación inmobiliaria sobre las tierras que nuestros ancestros lograron fertilizar en décadas de paciencia, amor y trabajo sobre territorios áridos y que hoy, volverán a la aridez de la especulación.
En algunas regiones, como en el resto del país, advertimos el avance del agronegocio enfocado en la producción de granos para la exportación, el uso desmedido de agrotóxicos, la homogenización y estandarización de variedades en frutas, verduras, incluso algunas genéticamente modificadas (con pérdidas trascendentes de biodiversidad). Todos sometidos a la lógica del mercado y sus intereses.
En la nueva desertización, productores y consumidores están igualmente condenados al ritmo de la desaparición de peras y manzanas flanqueadas por las torres de la ambición. En este contexto, la producción de alimentos nada tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria ni con la cultura de los pueblos, sino con los intereses del mercado.
En nuestra cordillera la pérdida de bosque nativo por desmontes e incendios, en su inmensa mayoría intencionales, son coletazos de la especulación inmobiliaria. Esta pérdida representa una inmensa pérdida de biodiversidad y profundiza el riesgo y los daños en las nacientes de las cuencas, sumándose a los efectos del calentamiento global, con el retroceso de glaciares y reducción de precipitaciones.
Valoramos el rol de nuestras comunidades y organizaciones que alertadas por los daños irreversibles sobre su entorno y el ejercicio de sus derechos, han decidido resistir el avance de estos proyectos destructivos y defender los bienes naturales y la vida.
Nuestro Congreso
Se pronuncia categóricamente en contra del modelo de desarrollo impuesto por el poder hegemónico que genera desigualdad, injusticia, explotación, saqueo, dolor, poniendo en peligro la vida. Todo daño a la naturaleza es daño a la humanidad. No hay ni habrá justicia social sin justicia ambiental.
Sostiene que existen alternativas, otras formas de habitar el planeta, de convivir en armonía y se compromete a protagonizar esa búsqueda y construcción, desde el conocimiento y la organización.
Reafirma la importancia decisiva que tiene para las comunidades el rol docente en función de difundir, problematizar, debatir y construir conocimientos estratégicos sobre estas realidades ocultadas, minimizadas y distorsionadas desde el poder.
Recoge las inquietudes de los participantes en el sentido de promover mejores articulaciones educativas en la comprensión de la relación salud – alimentación y en develar los procesos que conspiran obturando el ejercicio efectivo del derecho a una alimentación suficiente, nutritiva, oportuna, disponible y culturalmente adecuada para toda la población.
Señala en particular la necesidad de esclarecer los intentos renovados del poder dominante, en procura de usar el sistema educativo como herramienta de penetración a favor de sus intereses, incluso pretendiendo cooptar las organizaciones sociales y sindicales.
Reafirma la importancia de que la UnTER amplíe el tratamiento de la problemática abordada en el Congreso hacia otros actores sociales, contribuyendo a la formación de los trabajadores en función de precaver, prevenir, mitigar, atemperar, resolver y recomponer los daños ambientales que generan los procesos de producción y consumo en marcha.
Propone:
• Impulsar la incorporación de la problemática ambiental desde el Pensamiento Ambiental Latinoamericano en todos los niveles y las modalidades del sistema y especialmente en la formación y actualización docente.
• En lo inmediato garantizar la inclusión de estos contenidos en la transformación curricular en todos los niveles.
• Impulsar la creación de áreas o departamentos institucionales específicos para el abordaje de la problemática ambiental en las escuelas, con el objetivo explícito de transversalizar las currículas.
• Institucionalizar el área ambiental en el sindicato.
• Que el 5 de junio, día mundial del Ambiente, sea un día de acción ambiental de la UnTER en toda la provincia.
• Realizar publicaciones específicas en formato impreso, digital, audiovisual.
• Adherir y apoyar por diversos medios la campaña por la restitución de la Ley Anti-cianuro.
• Lanzar una campaña provincial sobre hidrocarburos y minería.
• Proponer la realización de una campaña de difusión y concientización sobre el derecho social inalienable del acceso al agua.
• Exigir que en las escuelas potencialmente afectadas por actividades altamente contaminantes se realice controles sobre el estado del agua que se consume y un relevamiento epidemiológico a fin de identificar posibles impactos sobre la salud de la comunidad educativa.
Finalmente, nos convoca la indignación, pero también la esperanza y la convicción de que existen otras formas posibles de vincularnos, de vivir en armonía con la Tierra y con la Naturaleza como un todo.
No debemos ni podemos caer en la resignación o indiferencia. Estamos convencidos de que la acción colectiva, la capacidad de organización, el espíritu solidario y el compromiso de las muchas expresiones de lucha y resistencia en nuestra provincia, la región, el país, en nuestra América y en todos los rincones del Planeta, tienen la capacidad de transformar el mundo, de cambiar la historia.
Por esta razón nuestro Congreso asume el firme compromiso de trabajar en todos los ámbitos por la construcción de nuevos escenarios ambientales comprometidos con la liberación de nuestros pueblos.
Fiske Menuco – Gral. Roca
6 de julio de 2016
